CONEXIONES La polémica jurídica sobre la conexión wifi llega a Galicia

El fenómeno wifi continúa su imparable ascenso. Según el estudio realizado por iPass Inc., la conexión inalámbrica ha sufrido un aumento del 68% en el primer semestre de 2007 en todo el mundo, frente al 44% registrado un año antes. Europa, donde el aumento ha sido sensiblemente mayor que en el resto del mundo (un 95% más que en el curso pasado), engloba el 36% de la conexión mundial, mientras que EE.UU. continúa a la cabeza con el 56%.

En el caso de España, la situación es, si cabe, más destacada al colarse este año en el top ten de los países con más puntos de acceso wifi. Concretamente tiene el 1% del total mundial y se sitúa en novena posición. El estudio apunta además que en nuestro país el crecimiento interanual fue del 170%, dato, eso sí, que aún está lejano del 239% de la media europea.

Por su parte, situada a la cola de España en número de hogares conectados a la Red, Galicia ocupa uno de los últimos vagones en el tren de la Sociedad de la Información.

Con casi todos los indicadores que miden la implantación de las nuevas tecnologías en contra, el Gobierno central presentó recientemente un proyecto para extender la banda ancha en Galicia y llevar la Red al rural. Pero los planes y, sobre todo, los fondos del Ejecutivo tardarán años en hacerse efectivos. Mientras, la llamada revolución sin cables está en marcha. En todo el mundo el crecimiento de las conexiones inalámbricas a Internet es imparable. Y Galicia, por una vez, no es una excepción. Las redes wifi , que no necesitan cables para acceder a la Red, se extienden poco a poco por la comunidad y como no, surge la polémica.

Robar señal ya es común

Y es que, las tecnologías inalámbricas han permitido en los últimos años la proliferación de redes de telecomunicaciones en hogares, empresas y espacios públicos. Pero esta misma tecnología posibilita que se conecten a Internet no sólo las personas autorizadas dentro de la red, sino también otras ajenas a ella.

En el Reino Unido, este robo se considera ilegal porque incumple las leyes de Comunicación y de Abuso de los ordenadores. Ya en 2005 se confirmó la primera condena por una infracción de este tipo: doce meses de libertad condicional y multa de 500 libras (736 euros). En Estados Unidos, la ley es mucho más severa. El estado de Míchigan contempla una condena de cinco años de cárcel y una multa de 10.000 dólares (7.260 euros) por acceder ilegalmente a una red informática. En mayo de este año, un ciudadano estadounidense fue multado por utilizar desde su coche la conexión inalámbrica de una cafetería, reservada para uso de los clientes. Pero robar la red inalámbrica del vecino, ¿es también delito en España? Los expertos consideran que no. «Con la legislación vigente, sería muy difícil condenar a una persona por estos hechos».

Parece una tecnología muy adecuada para solventar el apagón digital del rural gallego. La implantación del wifi recuerda más a una guerra de guerrillas. Sobre los municipios que ofrecen un servicio gratuito a sus vecinos pende una espada de Damocles. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) sancionó en junio del año pasado al concello de Ponteareas por ofrecer acceso a Internet gratis a través de una red wifi . El mismo trato recibieron otras dos redes, en Atarfe, Granada, y en Barcelona.

La CMT, cuestiona, en defensa de la competencia, que los ayuntamientos presten ese servicio a sus ciudadanos con fondos públicos. La exigencia de que se se constituyan en empresas operadoras puede frenar la implantación del wifi en Galicia.

Pero hay concellos que siguen adelante. Es el caso de Arteixo, que mantiene su red en la zona de Santa Leocadia, ya que no hay ningún operador que ofrezca este servicio. Es la vía escogida también por A Estrada. La villa pontevedresa, en su proyecto de Ciudad Digital, también apuesta por esta tecnología para llegar a las zonas rurales que no cubran los operadores. Y es que, a día de hoy, los gigantes del mercado ofrecen wifi a los internautas gallegos, pero la cobertura fuera del hogar se limita a determinados establecimientos hosteleros. ¿La solución? Ni las propias operadoras la encuentran.