La presidenta de la Asociación de Investigadores Parga Pondal, Ana Torrado, considera que el borrador de la ley de la ciencia supone un avance con respecto a lo que se había planteado, pero entiende que las posibilidades que anuncia deben concretarse. «Es -dice- una mejora sustancial y muy importante porque se definen los tramos de la carrera investigadora y porque se establecen los tipos de contrato, tanto en la etapa predoctoral como en la posdoctoral».
Faltan, sin embargo, aspectos importantes que es necesario concretar, ya que de lo contrario la legislación se quedaría en una declaración de intenciones. Por un lado, destaca Torrado, «falta la memoria económica y saber cómo se va a ejecutar». Otro aspecto fundamental es que aún no se han regulado los mecanismos mediante los que los centros receptores de los investigadores -universidades, hospitales, CSIC y demás centros públicos- van a acoger a los científicos y qué prestaciones recibirán a cambio, ya que de lo contrario es posible que cierren el grifo.
«Existe una disparidad de situaciones muy grande -dice Torrado-, por lo que es necesario que los organismos se doten de figuras legales para contratar a los investigadores».