¿Es lícito que un Gobierno ponga reglas a Internet? ¿Puede una nación poner puertas la Red o deben las Administraciones quedar al margen de esta nueva tecnología?
Preguntas como estas circulan estos días en Estados Unidos después de que Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas en inglés) anunciara hace unas semanas la publicación de una guía de obligado cumplimiento y que pretende poner algo de orden en el caótico universo de la Red.
Aunque Internet está considerado como un feudo libre en el que cada día millones de personas crean, intercambian y circulan con total impunidad, esta libertad está restringida en realidad por los llamados operadores de red, empresas que suministran a los usuarios el acceso y que en el país norteamericano se reducen a tan solo seis o siete nombres. Precisamente, para controlar este poder la FCC propone cuatro puntos fundamentales que tendrían como objetivo asegurar la neutralidad la Red y que fueron filtradas hace unos días por el periódico USA Today. Entre las propuestas más importantes destacan cuatro puntos que a continuación pasamos a detallar:
1. Prohibido el bloqueo de cuentas. Básicamente, lo que la nueva regulación prohíbe es que ningún operador de Internet pueda bloquear una página en función de su contenido o posibles consecuencias, incluyendo si supone riesgo de virus.
2. Prohibida la discriminación. Este punto hace referencia a no dar acceso a determinados grupos en función de su ideología, procedencia o raza, algo que es contrario al principio de neutralidad de la Red.
3. Prohibido dar preferencias. Es decir, cualquier página debería tener la misma prioridad de descarga, independientemente de si trata de Google o de un blog personal.
4. La aplicación de todas estas medidas serán extensibles también a Internet sin cables o wireless .
¿Protección o intervención?
Como no podía ser de otra forma, la amenaza de una regulación sembraba la discordia entre los operadores de Internet, quienes consideran que una intervención del Gobierno resulta peligrosa, incluso si el objetivo de esta es preservar la independencia de la Red.
Esta postura no es compartida sin embargo por las asociaciones de consumidores del país, que desde hace tiempo llevan pidiendo a la Administración un control más férreo de las operadoras. Entre las principales quejas se cuentan por ejemplo el hecho de que muchos operadores ralentizan la descarga de películas gratuitas, para que los usuarios elijan las suyas de pago, o que algunas páginas no sean accesibles en determinados países.