Nueva ley Las menores que aborten informarán a sus padres, salvo si hay coacciones

Las chicas de 16 y 17 años que decidan abortar deberán comunicárselo previamente a, al menos, uno de sus padres o tutores, salvo en los casos en que fundamenten que esa decisión puede provocar violencia familiar, malos tratos, amenazas, coacciones o una situación de desarraigo o desamparo.

Esta propuesta de reforma de la ley del aborto es la que aprobó ayer la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, que la sacó adelante con los 21 votos del PSOE, IU-ICV, ERC y PNV, la abstención de CiU y los 16 en contra del PP. El próximo jueves se llevará al pleno de la Cámara, para pasar al Senado antes de las Navidades.

La obligatoriedad de informar a los padres, salvo en las excepciones estipuladas, facilitó el apoyo de los nacionalistas vascos a la nueva ley, aunque los partidos de izquierda insistieron en que la última palabra es de la chica que decida interrumpir voluntariamente su embarazo. El modo en que se decidan estas excepciones se estipulará a través de reglamentos o protocolos de actuación que desarrollarán las comunidades autónomas.

Otra modificación que presentará la ley con respecto a lo previsto es que, para poder abortar entre las semanas 14 y 22 de gestación, solo se exigirá el informe de un especialista en lugar de los de dos, como recogía el proyecto inicial.

Un hospital no puede objetar

Respeto a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, se acordó que solo puedan ejercer este derecho los afectados directamente en la intervención, es decir médicos, enfermeros y ATS, que lo tendrán que hacer de manera individual y por escrito. Ya no cabrá la posibilidad, como hasta ahora, de que un hospital o clínica en bloque se niegue a ejercer la prestación. Asimismo, este derecho no podrá suponer «un menoscabo del acceso y la calidad asistencial de la práctica del aborto», se señala en el texto.

Además, la ley incorpora enmiendas para que los anticonceptivos de última generación sean cofinanciados por el Sistema Nacional de Salud y que la educación sexual forme parte de la educación general de los escolares. También los profesionales sanitarios estudiarán en la universidad la interrupción voluntaria del embarazo.

«Hoy [por ayer] es un día histórico para las mujeres en nuestro país», llegó a afirmar ayer la portavoz socialista en la comisión, Carmen Montón: «Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan profundamente democrático y transparente como este. Se puede decir que es una de las leyes más debatidas de nuestra joven historia». Eso sí, quiso dejar claro que lo normal es que las jóvenes cuenten con sus padres, pero hay situaciones en que no tienen ese amparo, y esta ley también las cubre, lo que evitará que se vean abocada a la clandestinidad.

Por contra, la portavoz del PP criticó con dureza el acuerdo. Sandra Moneo manifestó que esta norma es «un atropello a la patria potestad», al desproteger a las menores de edad del «consejo y apoyo» de sus progenitores. También calificó la norma como «radical», puesto que convierte el aborto en una anticonceptivo más, que va a banalizar su práctica. «Es un atropello a la Constitución u nuevo coladero de los abortos de las menores en España», sentenció.