La consellería pretende agilizar en otoño la prestación del recurso
La tramitación de las ayudas de la ley de dependencia se reducirá desde los 12 meses de media que contempla la normativa actual a la mitad; y cuando se resuelva el tipo de recurso a que tenga derecho la persona que solicita la prestación, se le ofrecerá «nun prazo máximo de tres meses posteriores á resolución do programa individual de atención (PIA). No caso de non estar dispoñible o recurso seleccionado nese período, poderase solicitar unha modificación do seu PIA para obter unha prestación económica». Estas son algunas de las principales novedades del borrador del decreto presentado ayer por la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, en la reunión del Ejecutivo autonómico.
En los próximos días se abrirá un plazo de alegaciones por parte de los colectivos más implicados, y se esperará también a que se manifieste el Consello Consultivo, indica la consellería. El objetivo es que el decreto entre en vigor en otoño.
Entre las novedades que pretende introducir para agilizar las prestaciones están el uso de las nuevas tecnologías y de los medios telemáticos, que garanticen una mejora continua en la tramitación. También se pretende que se pueda aportar más documentación en los pasos iniciales, con el fin de ocasionar las menos molestias a los dependientes y evitarles el incorporar documentación progresivamente. Además, se propone «o establecemento de convenios con outras Administracións públicas para que outros profesionais da rama sanitaria poidan valorar aos interesados. Esta é unha posibilidade que se poderá estudar no seo da comisión sociosanitaria da Xunta que xa está constituída».
Otra novedad será dar mayor protagonismo a los ayuntamientos, al valorar que «as Administracións locais son a principal porta de entrada dos servizos sociais e aos que primeiro acoden as persoas para solicitalos». Por su parte, los concejales de servicios sociales de las siete grandes ciudades gallegas pactaron ayer un documento para exigir a la Xunta más colaboración para aplicar la ley, un documento en el que advierten de la «falta de comunicación» del Gobierno gallego con las ciudades en esta materia.
El decreto de Traballo reconocerá «o dereito á atención á persoa falecida durante o proceso que poderá ser solicitado pola comunidade hereditaria, sempre e cando houbese resolución de grao e nivel de dependencia e se acrediten as condicións que recolle a nova norma». También se atenderá en la tramitación al grado de dependencia, no a la orden de entrada de solicitudes, y el cheque asistencial será sustituido por otros programas.
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