MEDIO AMBIENTE Greenpeace y la patronal de las renovables piden una ley para hacer a España líder mundial en energías limpias

España está entre los países a la cabeza mundial en energía renovables, pero para consolidar ese liderazgo necesita un nuevo impulso, una apuesta de Estado, que el Gobierno no acaba de concretar. Hay discursos, promesas reiteradas de José Luis Rodríguez Zapatero sobre un cambio de modelo productivo y energético con criterio más sostenibles, y luego está la realidad, las medidas del Ministerio de Industria -rebaja de primas a las renovables y limitaciones a la potencia instalada- que desdicen esos buenos propósitos. Es el análisis crítico de Greenpeace y de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) sobre la «incoherencia total entre los mensajes y las acciones» del Ejecutivo y sobre él descansa la propuesta conjunta para una ley de fomento de las energías verdes presentada este miércoles.

El texto consensuado entre la patronal de las renovables y la organización ecologista se marca objetivos tan ambiciosos como factibles, aseguran. Cubrir con renovables -eólica, solar fotovoltaica y térmica, biomasa, hidráulica y otras- el 30% del consumo final de energía para 2020 y el 80% para el año 2050; que la mitad de la generación eléctrica sea de origen «limpio» en 2020 y alcanzar el cien por cien para mediados de siglo. En 2020, además, el 10% del transporte se movería por energías limpias. Y desde el 2016 todos los edificios de nueva construcción y el 20% de los ya existentes deberían climatizarse con renovables, hasta llegar al 80% de todo el parque inmobiliario en 2050.

«Si se quiere ser líderes se deben tener objetivos de líderes y a la vez realistas. No basta con hacer lo mismo que hasta ahora, ya hay países que se lo están tomando más en serio», subrayó José Luis García Ortega, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace.

APPA y Greenpeace ofrecen su propuesta al Ministerio de Industria, comunidades autónomas, grupos parlamentarios, agentes sociales y económicos como marco de discusión para una ley específica sobre energías renovables, que el Gobierno prometió y no ha elaborado, y con la que trasponer además la directiva comunitaria que se publicará en junio.

Ambas organizaciones apuestan por mantener y mejorar el actual sistema de primas a las renovables, todas dentro del régimen especial y sin límite de potencia salvo la gran hidráulica. El Gobierno fijaría el importe, con tasa de «rentabilidad razonable» por tecnologías, revisable por cumplimiento de objetivos y no retroactivas. Las retribuciones se harían con cargo a las tarifas energéticas y, potencialmente, con ingresos por derechos de emisión de CO2.

La patronal propone tener en cuenta «las externalidades» de las energías renovables, sus beneficios sociales, medioambientales, entre otros, «que también se miden en dinero». «Estamos hartos de que se diga que son caras», protestó Javier García Breva, ex diputado socialista y hoy miembro de la junta directiva de APPA.

«Si todas las energías incorporaran sus costes externos no serían necesarias las primas», añadió, en alusión a los costes ocultos y las subvenciones indirectas que sostienen a las energías aparentemente más baratas como la nuclear.

Obstáculo

La propuesta de APPA y Greenpeace se presentó la víspera de la convalidación parlamentaria del decreto con el que el Ministerio de Industria recorta los incentivos a las renovables, en especial a la solar fotovoltaica. Su titular, Miguel Sebastián, es «el principal obstáculo» para el despegue de las renovables en España, acusó Juan López de Uralde, director ejecutivo de la organización ecologista.

Es el segundo decreto -el primero en 2006- de rebaja de las primas a las energías limpias aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero. «El único que ha legislado en contra de las renovables desde 1980», remachó José María González Vélez, presidente de APPA, que ve «manos negras» para impulsar la energía «de ciclo combinado, quizá».

La apuesta decidida por las energías renovables es indispensable en la lucha contra el cambio climático y como palanca de desarrollo económico y tecnológico. Según la patronal y Greenpeace, podría crear un millón de empleos directos e indirectos en España en las próximas décadas. Por el contrario, al desincentivar el mercado de las renovables, el Gobierno habría contribuido a destruir 20.000 empleos, según los cálculos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF).