Los cuatro responsables de The Pirate Bay, uno de los principales portales de descarga de Internet, fueron condenados ayer a un año de cárcel por complicidad en la violación de los derechos de autor, una victoria simbólica para la industria discográfica, cinematográfica y del videojuego.
El tribunal los condenó a pagar 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por daños e intereses a las industrias culturales. Entre la acusación particular se encontraban multinacionales como Warner Bros, Sony BMG y Universal que reclamaban 117 millones de coronas en concepto de pérdidas provocadas por las descargas por Internet. Los acusados, con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años, recibieron el apoyo del Partido Pirata (PP), una agrupación política partidaria del libre intercambio de archivos en Internet y que concurrirá a las próximas elecciones europeas en Suecia.
Christian Engström, candidato del PP, denunció la ilegalización del portal, y se refirió a la web como un «embajador exitoso» de su país y un «tesoro cultural», y criticó a los políticos por estar más preocupados por frenar el progreso que por representar a la población.
Los tres miembros fundadores del portal, y su principal inversor financiero, van a apelar la decisión judicial, en lo que puede convertirse en una larga batalla judicial. Su página web seguirá funcionando, según ellos. «Lógicamente vamos a recurrir y esto dará qué hablar», declaró Per Samuelsson, el abogado del supuesto inversor, Carl Lundström, en la radio estatal sueca.
«Estén tranquilos, nada cambiará para The Pirate Bay, ni para nosotros personalmente ni para las descargas. Esto solo es una comedia para los medios», advirtió Peter Sunde, uno de los cuatro condenados, en la página de Twitter.
Tecnología Bit Torrent
Creado a finales del 2003, el portal Pirate Bay, que cuenta entre 22 y 25 millones de usuarios en todo el mundo, permite que estos puedan acceder a los ficheros que soliciten (películas, música, juegos), mediante la técnica de intercambio de datos Bit Torrent, pero sin acogerlos en sus servidores. El caso del portal de descargas sueco podría convertirse en un precedente y servicios como Google, YouTube o MySpace podrían verse perjudicados en el futuro, como alertó Peter Sunde, uno de los acusados.
En el 2006, la policía sueca intentó cerrar el portal confiscando sus servidores, pero el sitio reabrió unos días más tarde. Un fiscal los demandó en enero del 2008.
El juicio, considerado como uno de los más decisivos en la lucha de la industria cultural contra la piratería, empezó en febrero y duró tres semanas.
«Para Suecia y Europa, es el caso más importante relacionado con las descargas», estima Daniel Johansson, experto independiente en los ficheros compartidos en Internet en el Instituto Real de Tecnología (KTH) de Estocolmo.
La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), que defiende los derechos de la industria del disco, saludó la decisión del tribunal.
«Es una buena noticia para todos los que, en Suecia y en el ámbito internacional, se ganan su vida con la música o las empresas creadoras que necesitan saber que sus derechos están protegidos por la ley», declaró su presidente, John Kennedy, en un comunicado. El Parlamento sueco aprobó hace dos meses una nueva legislación contra el intercambio ilegal de archivos en Internet que permite al poseedor de los derechos intelectuales de una obra pedir a un tribunal que obligue al servidor a desvelar la identidad oculta tras una dirección IP que ha compartido archivos de forma ilegal.
Alemania y Francia son algunos de los países de la comunidad europea que están endureciendo su legislación frente a las descargas ilegales por la red, pero la aplicación es complicada.