Uno de cada cuatro menores de 24 años está en el paro y sin perspectivas de lograr un empleo

Agustín Bottinelli

SOCIEDAD

14 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

El 25% de los adolescentes argentinos están desempleados. Hasta 1.579.700 menores de 24 años buscan un trabajo que no consiguen y, lo que es peor, saben que no lo conseguirán rápidamente. En esta franja de edad, los más perjudicados son los que tienen entre 18 y 20 años. A esta realidad deben sumársele 2.148.400 jóvenes que trabajan «en negro», es decir, sin recibir los beneficios de la relación de dependencia y cuyo salario promedio no supera los 500 pesos (115 euros). Siete de cada diez jóvenes empleados están en estas condiciones laborales. Casi la mitad de las personas entre los 14 y 24 años son pobres.

En los últimos años, el paco, una droga barata extraída de la pasta base con la que se fabrica la cocaína, hace estragos entre los adolescentes de los barrios marginales. En estos días se discute bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen. El problema educacional se agrava por la deserción escolar. Este año fueron 610.000 los adolescentes entre los 14 y lo 18 años que abandonaron la escuela secundaria. Las manifestaciones universitarias se dan solo en el terreno de la política interna de las universidades, que enfrenta a las autoridades con los centros de estudiantes. Rectorados ocupados, sesiones de decanos interrumpidas y clases en las calles son los síntomas. Los estudiantes de secundaria protestaron este año con diversas manifestaciones públicas por el mal estado de los colegios e institutos. Los gobiernos de los Kirchner han evitado la represión policial.

En los países del Mercosur la situación es similar en cuanto a las protestas callejeras, con excepción de Chile, que en abril y mayo de este año vivió violentas manifestaciones de estudiantes de secundaria y universitarios que reclamaban gratuidad en el transporte público, prueba de selección universitaria sin coste y mejora de la Jornada Escolar Completa. Hubo cientos de jóvenes detenidos y la lucha culminó cuando el Gobierno de Bachelet accedió a la mayoría de las peticiones.