educación Los docentes atribuyen a la pérdida de autoridad los casos de acoso

El juicio en Barcelona a los padres de un alumno por agredir a dos profesoras y a una conserje, y la primera orden de alejamiento a un estudiante por pegar a su docente en Sevilla han vuelto a poner de relieve la situación de los profesionales de la docencia. Pasados ya los años en los que tras la entrada en vigor de la Logse los casos de bajas y del síndrome de burn out (el profesor quemado) se multiplicaron, los educadores siguen admitiendo que las patologías psiquiátricas son comunes en esta profesión.

Aunque la Consellería de Educación no tiene datos de agresiones o casos de acoso de padres a profesores, el colectivo reconoce que son puntuales. Uno de los últimos ocurrió en el colegio Manuel Sueiro, de Ourense, en donde un padre tiró al suelo y pateó a un profesor de su hija. Si los incidentes que llegan a la agresión física son inusuales, no lo son tanto los de amenazas (sutiles), y de intromisión de los progenitores en el trabajo de los profesores. «Parece que todos sientan cátedra sobre cómo educar», dice el director de un colegio de Santiago.

Los docentes lo achacan a tres motivos: la pérdida de prestigio de la profesión, la falta de respeto y autoridad, y la ausencia de respaldo, que hace que los docentes se vean desamparados. De hecho, algunos estudios sitúan el burn out entre los educadores en un 25%, porcentaje que solo superan los médicos, y que está por encima de policías o el resto de sanitarios. Juan Antonio Planas, presidente de las Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, asegura que este síndrome se somatiza a veces en dolores físicos como los musculares o de espalda. Aunque las agresiones físicas son escasas, Planas admite que el acoso psicológico es más frecuente de lo que parece.

Otro de los pocos estudios sobre la situación de los profesores en Galicia es el del sindicato Anpe sobre el teléfono del defensor del profesor, que recoge que Galicia fue la quinta comunidad con más llamadas a este número, la mayoría por causas jurídicas o administrativas. En un año, 24 de las llamadas pueden catalogarse como violencia o agresión.