Noriega lleva a la Fiscalía al PSOE y al PP por el edificio de los bomberos

Las supuestas irregularidades podrían suponer para el Concello el pago a la empresa de 1,6 millones de euros

santiago / la voz 23/09/2016 05:00

El Ayuntamiento puso en manos de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas las irregularidades detectadas en la actuación administrativa referente al edificio del parque de bomberos de Salgueiriños, debido a la «magnitude e relevancia» de las mismas. La comunicación municipal va acompañada de un informe de la Asesoría Xurídica municipal, en el que se exponen los hechos y anomalías existentes. La decisión del Concello afecta a los gobiernos municipales que han regido la ciudad en el período 2008-2014, es decir, PSOE y PP.

La resolución del gobierno local tiene como origen la paralización de los trabajos del edificio de los bomberos, al existir un sobrecoste del 36,5 % respecto al precio de licitación y del 62 % sobre el de adjudicación. Raxoi le reconoció a la empresa Extraco una liquidación de 1.018.000 euros, pero no la sufragó, lo que hizo que la adjudicataria acudiese a los tribunales. Y estos condenaron al Ayuntamiento a abonar dicha cifra, junto a los intereses de demora. Además Extraco acaba de efectuar una reclamación referida al pago del IVA.

 

Una sanción de 1,6 millones

Las estimaciones municipales consideran que el total puede representar 1,6 millones de euros. Esta situación ha originado una «fonda preocupación e intensa alarma no goberno municipal do Concello», debido a la elevada cuantía a abonar por la «anormal e inexplicable inactividade observada polos anteriores gobernos municipais dos mandados 2007-2011 e 2011-2015 durante un prolongado espazo de tempo ante unha reclamación de pago cuxa lexitimidade era evidente á vista dos propios actos previos da corporación». Esta actitud, según refleja el alcalde en su comunicación a la fiscalía, «constitúe unha conduta irrazoable e arbitraria» que implicó «prexuízos económicos» a la empresa y «un gravísimo trastorno para la facenda pública municipal».

Además, el Concello no informó a la Xunta y a la Diputación (cofinanciadores del proyecto) de lo sucedido con la obra, ni negoció con ambas la reforma y actualización del convenio «para conservar o dereito ás subvencións concedidas». Tampoco se dio ningún paso para continuar con el proyecto, dejando en «total abandono» la estructura del edificio, ni se tramitó el expediente de daños contra del arquitecto director de las obras.

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