Tres años de cárcel para un guardia destinado en Lavacolla por blanquear dinero de la droga
SANTIAGO
La sala sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a tres años de cárcel al guardia civil Leopoldo Valcárcel Vilas, y a dos años a su esposa, María Dolores López Lapido, como autores «de un delito de blanqueo de fondos procedentes del tráfico de drogas», con la atenuante de dilaciones indebidas.
Han pasado nada menos que nueve años desde que la Guardia Civil desmanteló una organización dedicada al tráfico de cocaína utilizando como puerta de entrada el aeropuerto de Lavacolla donde, precisamente, estaba destinado el guardia ahora condenado. Fue detenido en el 2002, junto a otras cuatro personas y se le implicó en esa operación en un alijo de treinta kilos de cocaína interceptados en el aeropuerto compostelano. En aquella operación también fue arrestada su esposa, a la que le fueron intervenidos 168.660 euros que guardaba en una caja de zapatos.
La Audiencia Provincial condena a Leopoldo Valcárcel al pago de una multa de 121.285,92 euros y a la misma sanción económica a su esposa. También acuerda el comiso de los 168.660 euros que le habían sido intervenidos a la mujer. Otro de los detenidos en el 2002 fue el hostelero de Rianxo José Regueira Vázquez, conocido como Che, ya fallecido. El tribunal absuelve a la viuda de este, María José Figueira Pérez, de las acusaciones que contra ella pesaban.
Hechos probados
La sala compostelana de la Audiencia considera probado que Leopoldo Valcárcel y su mujer introdujeron en los años 2000, 2001 y 2002 en el sistema financiero «cantidades que procedían del tráfico de drogas, conociendo tal origen o asumiendo conscientemente que existía una alta probabilidad de que tuvieran tal procedencia». Del mismo modo, se considera demostrado que José Regueira blanqueó dinero que no procedía precisamente de su negocio Parrillada Barbanza.
La Guardia Civil se incautó en el transcurso de las operaciones de dos subfusiles inutilizados y de seis pistolas que carecían de las licencias correspondientes, armas que ordena destruir la Audiencia, así como los treinta kilos de cocaína intervenidos en el aparcamiento del aeropuerto, en la sentencia hecha pública el pasado 31 de octubre, y que es recurrible.