Vecinos de las zonas de Extramundi, Lamas y Pazos; empresarios; pescadores; asociaciones ecologistas como Adega o Verdegaia; representantes políticos del BNG y PG... Todos se dieron cita ayer en el Concello de Padrón para entregar más alegaciones al proyecto de instalación de una planta de fabricación de hormigón en la parcela número 78 del polígono de Pazos. Son una representación de un gran colectivo de afectados que está movilizado y que, una vez que finalice la próxima semana el plazo de exposición pública del proyecto, habrá entregado más de 600 reclamaciones en contra de la instalación de la cementera.
Ayer, el malestar era visible entre muchos de los vecinos que residen cerca de la parcela alquilada para montar la planta y que es propiedad de la empresa de la esposa del alcalde de Rois. También acudieron varios empresarios de la comarca que tienen terrenos en el polígono de Pazos y que la próxima semana presentarán sus alegaciones.
Entre los comentarios intercambiados, uno de los vecinos recordó la «mala fe» con la que actuó la empresa, una vez que inició los trabajos antes incluso de presentar el proyecto en el Ayuntamiento, hace casi seis meses. Otro se acordó de la actuación del arquitecto municipal y de los ya dos polémicos informes que redactó, el primero favorable y solo 24 horas después de la presentación de la solicitud de licencia y el otro el 26 de octubre. En este último, el técnico municipal da respuesta a una petición de información cursada por la Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras y, pese a que el expediente tiene el mismo número que en el anterior informe (140/2010), define la obra de distinto modo, esta vez como «construcción de nave para explotación de pedra ornamental» y no como «planta de fabricación de formigón temporal».
Informes municipales
Pero lo más llamativo de este segundo informe es que en el punto cuatro señala que el «Concello dispón de planta de tratamento de aguas residuais» en el polígono de Pazos, en el que únicamente existe una decantadora. «O peor é se a consellería lle fa máis caso ao arquitecto municipal, por ser quen é, ca nós, os afectados», dijo una persona.
Otros comentarios, que además se reflejan en las alegaciones, se referían al período de instalación de la planta, según la empresa de 23 meses. Dicen que, de ser como manifiesta el arquitecto municipal en su primer informe, que se trataría de una actividad vinculada a la obra del AVE en el tramo de Rialiño-Padrón, «existe la posibilidad de realizar la planta a pie de obra al ser móvil, opción más ventajosa desde el punto de vista logístico y económico».
Lo contrario, añaden, «hace pensar que la verdadera intención es instalar la actividad de forma permanente en el polígono, lo que tendría un impacto ambiental negativo sobre la zona, difícil o imposible de reparar».
Otro afectado contó que, como contribuyente, no ve con buenos ojos que se encarezca más el coste de una línea férrea de por sí cara, la del AVE, con el alquiler mensual (2.000 euros) de la parcela en la que se fabricaría el cemento, cuando cabe la posibilidad de que la planta se instale a pie de obra, sin pagar por el terreno y, además, con la facilidad de obtener licencia en 24 horas. Finalmente, hubo quien se preguntó si el expediente sancionador de Augas de Galicia por un relleno ilegal en la parcela número 78 no debería paralizar la tramitación de la licencia.