El colectivo de los inmigrantes se dio cita ayer en la praza do Toural para reclamar al Gobierno la retirada del borrador de ley de extranjería, por considerarla aún más restrictiva que la actual y porque vendrá a incrementar la discriminación hacia estas personas.
Las asociaciones compostelanas coincidieron en que la crisis está afectando a todos los ciudadanos, pero el colectivo inmigrante está más desprotegido que otros para hacer frente a esta situación. Una de las portavoces de la Asociación Gondwana, Alexandra Soto, apuntó que su entidad ha visto como se ha incrementado «de forma exagerada» el número de personas que piden alimentos. Al local de Rosalía de Castro acuden cientos de compostelanos, «no solo inmigrantes» para pedir alimentos. En una sola jornada, la del pasado viernes, se repartieron alimentos a 135 personas; «éramos 20 repartiendo y no dábamos abasto». El reparto se hace tres veces al año y, para ello, los responsables de la entidad tienen que ir a A Coruña a recoger la mercancía. «Hay que pagar un camión para ir a buscarla, tenerla guardada y repartirla». Para realizar el reparto, se controla que las personas no tengan ningún ingreso, «ni siquiera en la economía sumergida».
La situación económica está «empujando a la gente a la precariedad; por una jornada completa de trabajo de 12 horas antes pagaban 600 euros, ahora 300», comenta Alexandra. Otro inmigrante, que prefirió no dar su nombre, aseguró que «me pagaban 900 euros y ahora me dijeron que si quería seguir tengo que quedarme en 600».
Al ponerse «muchas trabas para el reagrupamiento familiar, no puedes contar ni con los abuelos para cuidar a los niños mientras trabajas», apunta otra mujer inmigrante.
Una de las cuestiones que más lamentan de la nueva ley es la situación en que se quedan las mujeres maltratadas, en situación irregular: «Si denuncian pueden ser expulsadas; eso hará que no denuncien y que el maltrato no cese», comentó Carmen. Afecta muy especialmente a las mujeres «explotadas en la prostitución, pero también al resto. Encima, en Santiago, ni siquiera se puede contar con una casa de acogida».