Si bien pretendía que no trascendiese del ámbito académico, Juan Casares Long accedió ayer a defender su iniciativa ante los lectores de La Voz. Preguntado acerca del notable número de potenciales beneficiarios del borrador de reglamento que promueve (unos 60), sostuvo: «No son tantos, si se tiene en cuenta el elevado cuerpo de catedráticos ya existentes y el hecho de que esta universidad se ha pasado siete años sin sacar a promoción por sí misma plazas de funcionario».
«Hace 18 meses que el procedimiento de acreditación se puso en marcha a nivel estatal y nosotros, como si se tratara de un asunto de Mongolia, aún no hemos reaccionado», denunció. «Esta normativa que ahora propongo -argumentó- debería haberse aprobado hace mucho tiempo. Es una manera de incentivar, de ilusionar, de premiar a quien lo hace bien. Esta gente acreditada no merece que le pongan los obstáculos que le están poniendo, ni que se le someta a juicios sumarísimos, sino una bienvenida adecuada a la capacidad que le han reconocido».