Solo dos de cada cinco antenas y estaciones de telefonía móvil instaladas en la ciudad gozan de la consideración de totalmente legales, según datos facilitados ayer por el Ayuntamiento. Un Concello que está incumpliendo su propia ordenanza en esta materia, la cual data de ni hace dos años aún. Incurre, por lo tanto, en una contradicción, cuando menos en apariencia. Aunque por poco tiempo ya, pues este mismo verano prevé suavizar la citada normativa para terminar con esta situación y, sobre todo, al objeto de garantizar un nivel de cobertura adecuado a las demandas de la sociedad civil compostelana.
En la actualidad, funcionan en Santiago 64 postes de este tipo. De los 40 que maneja Telefónica, apenas 16 se ajustan por completo al ordenamiento jurídico vigente (40%), mientras que de los 11 de Orange lo hacen cinco (45,4%) y de los 13 de Vodafone, otra media decena (38,5%). Además, a través de un anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de ayer, la última compañía ha superado la fase inicial de tramitación en su intento por colocar una nueva máquina, esta sobre el tejado del número 1 de la Rúa dos Vilares, en el barrio de Meixonfrío.
Las sobrantes 38 antenas se encuentran en estados de diversa condición: con petición de licencia denegada en firme (28), en vías de normalización de estatus (8) o bien en suspenso por sentencia de alto tribunal (2). De todas posee información la Concejalía de Urbanismo, que dirige Mercedes Rosón (PSOE), si bien no almacenada de la forma en que debiera estarlo.
En su apartado de disposiciones adicionales, la ordenanza municipal reguladora de los equipos de radiocomunicación establece que los «situados no termo municipal de Santiago inscribiranse nun rexistro especial que o Concello creará para estes efectos nun prazo máximo de seis meses desde a entrada en vigor deste texto». Dado que el documento rige desde el 6 de junio del 2006, el mencionado mecanismo de control debería haber quedado habilitado, como muy tarde, a 19 días de la Navidad de aquel año. Sin embargo, aunque con matices, Rosón reconoció ayer que ni siquiera hoy existe todavía. «Como tal, propiamente dicho, ese registro no lo hay, pero disponemos de una completa relación de todas y cada una de las antenas», admitió, para luego valorar: «Cumple las mismas funciones que el otro».
Prueba de que la lista de seguimiento de postes de telefonía celular da sus resultados el departamento de la edila socialista, sin ruido mediático, ya ha emitido varias multas coercitivas contra empresas del sector, tanto a lo largo del 2007 como durante este año. La última de esas penas conocida hasta el momento fue impuesta a Telefónica, por importe de 3.000 euros, debido a la irregularidad de una estación de Basquiños. Y no hubiese trascendido si no fuera gracias a un requerimiento de pago introducido por Raxoi en el BOP del 20 de mayo.