La Xunta pagará en febrero las últimas expropiaciones forzosas de la autovía Santiago-Brión
SANTIAGO
La Consellería de Política Territorial ha anunciado para el mes de febrero el pago de las expropiaciones forzosas de los terrenos afectados por el cambio en la redacción del proyecto de la autovía AG-56, entre Santiago y Brión, aprobado en noviembre del 2007.
Como paso previo a este abono, la Xunta también ha convocado a los propietarios al levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos. Este trámite comenzará en Santiago, concretamente los días 21 y 22 de enero. Este trámite se efectuará en el local sociocultural de A Rocha Vella. Al día siguiente, 23, están convocados los afectados de Ames, que tendrán que acudir a la Casa da Cultura de Bertamiráns.
El mismo procedimiento se seguirá el próximo día 24 en el centro polivalente de Brión, al que deben acudir las personas con propiedades pendientes de expropiación en el término municipal brionés.
El trámite del levantamiento de actas previas concluirá el día 25 en las dependencias municipales de Teo, sitas en el centro sociocultural de A Ramallosa. En todos los casos el horario establecido por Política Territorial abarca desde las diez de la mañana a las 13.30 horas.
Para dar continuidad al expediente administrativo, estos mismos afectados por la expropiación de los terrenos recibirán las correspondientes indemnizaciones de forma casi inmediata.
Así, tal y como publicaba ayer el Diario Oficial de Galicia, estos pagos se efectuarán, en el caso de Santiago, los días 4 y 6 de febrero en el local sociocultural de A Rocha Vella. Al día siguiente, 7 de febrero, están convocados los expropiados de Ames, que tendrán que acudir al centro sociocultural de Bertamiráns, ubicado en la plaza de Chavián. En el caso de Brión el lugar elegido es nuevamente el centro polivalente y la fecha prevista por la Xunta es la del día 8. El pago de las indemnizaciones concluirá el 11 de febrero en el centro cultural de A Ramallosa.
La Xunta recuerda que los propietarios deben acudir con las escrituras de propiedad de los terrenos y con el DNI. Los afectados pueden delegar mediante un poder autorizado.