El Defensor del Pueblo reprueba la decisión del alcalde de no permitir a unas huelguistas entrar al pleno

La Voz

SANTIAGO

07 sep 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

Un grupo de trabajadoras de la limpieza llevaban semanas en huelga. Cobraban menos que algunas compañeras que realizaban el mismo trabajo porque ellas trabajaban en una subcontrata del Ayuntamiento. La huelga incluía protestas diarias delante del pazo Raxoi, en el Obradoiro. El 15 de febrero la corporación se reunía en pleno y las trabajadoras estaban dispuestas a entrar y protestar en la cara de los ediles. Pero no pudieron entrar ni siquiera en la Casa del Concello. Ahora, el Defensor del Pueblo acaba de reconocer que el Ayuntamiento pudo haber vulnerado el principio de publicidad de los plenos.

Así lo asegura el Movemento polos Dereitos Civís, organización que llevó los hechos ante el Defensor. La ley prevé ese derecho de que cualquier persona pueda acceder a un pleno. «Principio que ampara -dice el escrito que dirige el Defensor al Movemento polos Dereitos Civís- en circunstancias normales, el libre acceso a dichas sesiones». Claro que la ley también prevé que, en en casos extremos, el alcalde pueda expulsar a quien impida el desarrollo normal de la sesión. Pero esto no puede derivar en «impedir o restringir la publicidad de la misma porque se tema o se presuma que se vaya a producir alguna alteración», dice el mismo escrito.

Es en ese punto, según el Defensor del Pueblo, donde se puede señalar la posible desproporción de la medida adoptada por el alcalde de impedir el acceso a las trabajadoras. El Defensor entiende que el alcalde quiso prevenir «posibles altercados, dada la situación de conflictividad existente».

No se investigará

Con todo, la institución ubicada en Madrid no continuará la investigación. Según el Movemento polos Dereitos Civís, el Defensor considera que debe ser una persona directamente afectada la que firme la queja. Aunque el Movemento, en este caso, discrepa y critica esa decisión, puesto que asegura que el Defensor del Pueblo tiene, legalmente, potestad para actuar de oficio. En cualquier caso, el colectivo destaca que esa institución haya reconocido que pudo haber vulneración de un derecho fundamental.