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Un sistema único que grava la singularidad asistencial de Galicia

El pago por grado de dependencia y el trato al cuidador, distorsiones de la ley

Autor:
S. L. SANTIAGO / LA VOZ
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El rodaje en la aplicación de la ley de dependencia ha permitido identificar los elementos que distorsionan su funcionamiento. Una queja generalizada entre las comunidades es que el Estado paga en función del grado de dependencia del beneficiario, y no por servicio. Esto da lugar a un desajuste colosal, ya que por grado de dependencia se paga una media de 300 euros al mes por beneficiario, pero la atención en una residencia oscila entre 1.700 y 2.000, y la asistencia en un centro de día, entre 1.200 y 1.400 euros.

Otro elemento que desestabiliza es la libranza del cuidador, que la ley contempla como algo excepcional, pero que se ha generalizado. Esa libranza supone una ayuda media, ligada al grado de dependencia, de 600 euros al mes. Además, la aplicación de la norma también tiene en Galicia singularidades a las que el sistema no presta atención, como la dispersión poblacional. La comunidad resulta penalizada en la aportación de recursos del Estado porque no valora el coste del transporte adaptado, al que la Xunta dedica 13 millones de euros al año.

Estos y otros desfases disparan la deuda de las Administraciones, que el sector empresarial de la dependencia ha cifrado esta semana en 1.268 millones, una situación «insostenible». En Castilla-La Mancha ya han informado al sector de que no podrán pagar facturas este año.

Desequilibrios tras el 20-N

Galicia todavía respira, aunque el desequilibrio en la financiación proseguirá tras la mudanza en la Moncloa. Los Presupostos del 2012 reservan 267 millones de las cuentas autonómicas para dependencia, con una previsión de 94,7 millones de aportación estatal. Los servicios sociales se mantienen a costa de estrangular la inversión productiva. El gasto social engulle ya el 76 % del total, lo que unido a las exigencias para cumplir el techo de déficit abocó este año a la Xunta a cerrar el ejercicio presupuestario en agosto.

También renquea la sanidad, con una deuda del sistema público que ronda los 15.000 millones. Los ciudadanos perciben el descalabro y en alguna encuesta ya se posicionan a favor el copago. Las urnas decidirán quién pondrá el cascabel al gato.

 

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