El pasar de la política de primera fila a un segundo plano en el caso de Pedro Solbes conlleva una jubilación de lujo. A su sueldo como diputado (por ahora no ha renunciado al acta del Congreso), deberá sumar la indemnización como alto cargo del Ejecutivo y tras su renuncia en el 2004 al cargo de comisario europeo de Asuntos Económicos, la pensión vitalicia, una cifra que sobrepasa los 13.600 euros al mes. Pero no es el único que mantiene una posición privilegiada. El dimisionario Mariano Fernández Bermejo suma tres sueldos procedentes de las arcas públicas. A su nómina de diputado por Murcia sumará los gastos de alojamiento y manutención, aunque su lugar de residencia sea Madrid. Percibirá además el 80% de su salario como alto cargo durante dos años. La Cámara abona a su nombre las cotizaciones al régimen de clases pasivas como fiscal de carrera. Ninguna de estas remuneraciones es incompatible con sueldos puntuales de la Administración derivados de la actividad política. Percibirá al mes 13.000 euros.
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