Entidades vecinales se quedan sin su 30% en la tarta eólica

alberto castroverde PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Aseguran que la nueva ley de montes permite a la Xunta «o roubo da xestión»

28 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

Habían echado sus cuentas y creían poder arrancar a las empresas eléctricas entre un 20 y un 30% de la producción eólica. Pero la nueva ley de montes echa por tierra todos sus cálculos al no reconocerles en la medida necesaria el aprovechamiento energético de sus predios. Resultado: tendrán que conformarse con un 2% como máximo del negocio del viento que se desarrolla en sus propiedades. Son los cálculos expuestos ayer en una comparecencia pública en Pontevedra por Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común.

Pereira señaló que la calificación de esta ley -a la que están presentando alegaciones numerosas comunidades de montes- es «totalmente negativa». Asimismo aseguró que el nuevo texto permite a la Xunta «o roubo da xestión» del monte comunal al hacer posible que entidades públicas o privadas lleven los predios de los vecinos cuando desde Santiago se entienda que las juntas no desarrollan adecuadamente su labor.

El presidente de las organizaciones de montes vecinales fue un paso más allá y expresó su temor a que, en la práctica, la Xunta esté dando pasos para privatizar los montes comunales. Según sus tesis, a este fin apunta el deseo de dotar de personalidad jurídica las comunidades. El paso siguiente sería el cambio de la propiedad comunal en alguna ley ómnibus como la de Presupuestos.

Pereira sospecha que el objetivo final sería que los montes comunales entrasen en el tráfico comercial y perdiesen la protección ganada en los últimos años que los hace inembargables e inalienables. Se trataría de una privatización «soterrada» a tono con las palabras del conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, quien hace unos días calificó los comunales de «privados».

Finalmente, defendió el modelo del bipartito -votado a favor por todo tipo de organizaciones- ya que, según su criterio, otorgaba capacidad jurídica suficiente a las comunidades para administrar y defender el monte y sus aprovechamientos.