El Instituto Galego do Solo desestimó las alegaciones presentadas por Construcuatro y confirmó que la promotora deberá pagar una sanción de 2,47 millones de euros por imponer sobreprecios a 62 compradores de viviendas protegidas de protección autonómica en el polígono de Navia. Considera que la empresa incurrió en 62 infracciones graves. Además, la firma deberá devolver a los afectados un total de 1,23 millones de euros y queda inhabilitada para llevar promoción pública durante seis años. Solidariamente, responden los administradores Eugenio Sobral y José Manuel Torres. Así lo reveló ayer el abogado de los demandantes, Antonio Salceda.
La promotora, con sede en Pontevedra y de la que era socio Telmo Martín, tiene un mes para presentar un recurso de alzada ante el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. Deberá resolver en tres meses y todo apunta a que hará firme la resolución por vía administrativa. Es probable que Construcuatro recurra en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo y quede resuelto en tres o cuatro años. Los afectados tardarán una década en recuperar el dinero que adelantaron por unas mejoras que nunca existieron, entre 10.000 y 30.000 euros.