Finalmente, el coste de la reforma de Pasarón -incluyendo las expropiaciones pendientes y la zona verde- superará los veinte millones de euros. La cifra de dieciocho millones barajada el miércoles por el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, se quedó desfasada en menos de veinticuatro horas.
Los titulares de la Diputación y del Concello, Rafael Louzán y Miguel Anxo Fernández Lores, respectivamente, presidieron ayer una reunión de más de tres horas en las que se habló del sobrecoste de Pasarón. Y aunque Louzán empezó afirmando que las cifras de Mosquera no eran correctas y que el concejal se fue de la lengua porque la información tendría que salir de la Diputación, tuvo que ser el alcalde el que acabara aportando la cifra real. Esos veinte millones de euros, que figuran en la información facilitada por Louzán al propio Fernández Lores.
Discrepancias
La obra se irá a los 16,3 millones de euros -fue adjudicada en su día en 7,2 millones-, a los que según las cuentas de Louzán hay que añadir 319.000 para la sustitución del césped y «tres millóns e pico» de las expropiaciones, que corresponden al Concello. En total, más de veinte millones de euros, prácticamente el triple de lo que figuraba en el contrato inicial.
¿Excesivo o razonable? Lores y Louzán no ocultaron ayer sus discrepancias al respecto. En una comparecencia conjunta en la sede provincial, el presidente de la Diputación señalaba que «o proxecto saíu dun concurso de ideas inicial cunhas carencias evidentes. Tamén é certo que a valoración é altamente positiva e en contraste con outros investimentos de similares características está dentro do razoable, aparentemente».
Fernández Lores tiene una opinión radicalmente diferente: «O campo é unha infraestrutura necesaria, coa que todos estamos contentos como está a quedar. A cidade, o clube e a afición merecía unha reforma destas características, pero iso non xustifica un incremento como este, que nos parece excesivo a todos».
Ahora tendrán que ser los técnicos del Concello y de la Diputación Provincial los que analicen las certificaciones y la liquidación presentada por la empresa constructora.
En cualquier caso, el sobrecoste se lo repartirán ambas instituciones. «Ata o de agora sempre houbo colaboración -señaló Louzán- e seguiremos nesa mesma liña».