La ley exige el consentimiento de un preso para ser empadronado

La iniciativa del alcalde Jorge Canda de empadronar masivamente a los presos de la cárcel de A Lama tiene pocos visos de prosperar. Ya no solo se trata de que similares iniciativas tomadas en el pasado en otros municipios no hayan salido adelante, sino que la propia legislación española exige el consentimiento del afectado, sea preso o no, para ser inscrito en el padrón.

Si bien el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, en su artículo 73, reconoce que los ayuntamientos tendrán capacidad para declarar «de oficio la inscripción en su padrón como vecinos a las personas que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos en el mismo». No obstante, la misma legislación asume, asimismo, que tal inscripción no es ni mucho menos automática, toda vez que se exige la apertura de un expediente en el que se tendrá que dar audiencia, esto es, se tendrá que escuchar, al afectado.

Ante esta tesitura caben dos posibilidades, que cada recluso individualmente acepte expresamente el alta de oficio o que no lo haga. En este segundo supuesto, aún cabría la posibilidad de recurrir al Consejo de Empadronamiento para tratar de sacar adelante esta idea.

Lo habitual, según las fuentes consultadas, es que esta instancia si llega a intervenir emita un dictamen desfavorable contra la inclusión de presos contra su voluntad en un censo municipal.

Además, el Concello de A Lama tendría que abrir un expediente individualizado para cada interno, para lo cual tendría que disponer de un registro nominal de toda la población reclusa del centro penitenciario. Algo que, en principio, chocaría contra la normativa de Protección de Datos.

Extenderse en el tiempo

Además, la apertura de todos los expedientes no solo supondría un importante coste económico, sino que también podrían pasar meses desde que se tramitase su apertura hasta que se cerrasen. Esta situación podría provocar la paradoja de que «muchos presos que estaban cumpliendo condena cuando se iniciaron los mismos estarían ya en la calle a su termino, con lo que las gestiones realizadas hubiesen servido para muy poco», precisaron ayer fuentes penitenciarias.

De hecho, el caso de A Lama tiene muchos paralelismos con el ocurrido el año pasado con la prisión de Bonxe. Entonces el alcalde de Outeiro de Rey, del Partido Popular al igual que su homólogo Jorge Canda, llevó a cabo un empadronamiento de oficio de presos. No acaban aquí los paralelismos, con este incremento aparentemente artificial del censo se buscaría pasar la barrera de los cinco mil habitantes en el concello lucense, algo que también ocurriría en el supuesto de A Lama.

El superar esta cifra implica que se pueda lograr una mayor participación de los fondos del Estado, así como incrementar el número de concejales.

En el caso de Outeiro de Rei, según trascendió en su día en los medios de comunicación, el procedimiento empleado determinó que el Instituto Nacional de Estadística constatase que no se siguió el procedimiento establecido en decenas de altas censales, por lo que procedió a anularlas. Simultáneamente, tal y como se recogía en el boletín de la Cámara de Comercio de Zaragoza, la Agencia Española de Protección de Datos emprendió «una investigación de oficio para esclarecer si ha existido vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos».