Un notario levantó acta de la imposibilidad de escolarizar a una niña en el colegio O Progreso
PONTEVEDRA
Los padres de Alejandra, una niña de Catoira con diversidad funcional psíquica, acudieron el pasado jueves al colegio O Progreso, en el que la alumna estuvo escolarizada hasta este curso, para que empezase sus clases en segundo de ESO, pero lo hicieron acompañados de un notario ya que sabían que era muy probable que no se le permitiese acceder a las aulas después de que la Consellería de Educación decidiese enviarla al centro de educación especial de Vilagarcía.
Los padres de Alejandra hicieron, como todos los años, una prematrícula en el mes de junio, un documento que quedó invalidado cuando a mediados de agosto se les notificó que no podía escolarizarse en el centro y que tendría que ir al de educación especial de Vilagarcía. Los padres, que en todo momento se opusieron al cambio al considerar que era discriminatorio para su hija, se hicieron en septiembre con los papeles de la matrícula y los enviaron por correo. Pero cuando el jueves llevaron a la menor junto con sus hermanos para empezar las clases, les dijeron que no podía ser por el dictamente de Educación. «Lo que vivimos mi familia, mi hija y yo fue muy violento -decía este fin de semana la madre, Mónica Sumay- y también los otros niños, que saludaban a Alejandra sabiendo que este año no la iban a tener en clase».
La familia de la menor ya ha puesto el asunto en manos de la justicia, por lo que la niña permanecerá en casa hasta que no se pronuncien los juzgados que, en teoría, deberían adoptar alguna medida cautelar para aclarar en qué centro deberá estudiar Alejandra, si en el colegio público de Catoira donde estuvo toda la vida, o en el centro de educación especial.
La Consellería de Educación se basa en el informe de los técnicos que analizaron el caso para decidir el traslado de la alumna, al considerar que por su diversidad funcional psíquica debe escolarizarse en un centro de educación especial y no en un aula de segundo de ESO. Los padres, en cambio, consideran que se están vulnerando los derechos de la menor y que esa medida se contradice con las leyes que amparan la inclusión de los menores con problemas. De hecho, hasta este curso, Alejandra estudió siempre con los compañeros de su edad con el apoyo de una ciudadora.
Según reconoció la madre de la niña, los problemas empezaron el año pasado, con el cambio de directiva en el centro y la negativa de algunos profesores a compartir el aula con el personal de apoyo que necesita la niña.
Protección de Datos
Aparte de las acciones que se llevan a cabo en los juzgados ordinarios para dilucidar en qué centro debe ser escolarizada la menor, la familia de Alejandra también denunció a la Delegación Provincial de Educación ante la Agencia de Protección de Datos, al considerar que desde este departamento se habían dado a conocer públicamente aspectos del expediente médico de la menor.
La lucha de los padres de Alejandra cuenta con el apoyo de varias asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional y de particulares de toda España.