El juez Ruz tenía clara hace tiempo la decisión adoptada ayer sobre Bárcenas, pero faltaba que alguien se lo pidiese
28 jun 2013 . Actualizado a las 12:48 h.Luis Bárcenas Gutiérrez -el paradigma de la pandemia de corrupción que nos invade desde hace años y sobre la que pareciera que alguien decidió, por fin, decretar oficialmente la emergencia nacional- ingresó ayer en prisión incondicional. El auto del juez instructor Pablo Ruz en el que le expide el pasaporte imputa cinco presuntos delitos al extesorero del PP. Son los mismos que desencadenaron su calvario judicial hace cuatro años y alguno más.
En la posterior vistilla de rigor que siguió a las declaraciones de los imputados -Bárcenas y su esposa-, las acusaciones personadas en la causa -Abogacía del Estado, Comunidad de Madrid y la acusación popular- solo pedían prisión provisional eludible con una fianza cuya cuantía dejaban a criterio del juez.
El representante de la Fiscalía Anticorrupción, inicialmente no la pidió y tampoco se opuso. Pero todo cambió de repente. Una hora después era el fiscal quien solicitaba la prisión incondicional comunicada y sin fianza, a la que el instructor accedió sin titubeos, tras ligeros ajustes en un denso auto de 24 folios que tiene todos los visos de que tenía redactado de antemano. Solo necesitaba que alguien, en este caso el fiscal, se lo pidiera.
¿Por qué ese repentino cambio de criterio de la Fiscalía, cuya petición, según fuentes jurídicas conocedoras del proceso, llega con dos o tres años de retraso? Estas fuentes aseguraban en la tarde de ayer que al fiscal del caso la orden le habría llegado del máximo responsable de la Fiscalía, Eduardo Torres-Dulce, como un encargo directo del mismísimo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
¿Y por qué precisamente ahora? Como respuesta a esta pregunta se apuntan dos razones que son perfectamente complementarias: puede contribuir de forma eficiente a la campaña mediática diseñada desde el cuartel general del PP en la calle Génova para tratar de marcar distancias con la pandemia de la corrupción y, además, puede ser de gran utilidad para desviar o amortiguar el efecto de un potencial misil que alguien tendría preparado contra la línea de flotación del ministro.
En cualquier caso, especulaciones aparte, tras la lectura del auto del juez Pablo Ruz quedan pocas dudas sobre la existencia de indicios sobrados en el proceso para adoptar esta decisión, con arreglo a la legislación vigente, claramente explicitados en tres de los artículos de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. El instructor entiende que los nuevos hechos incorporados a la causa en las últimas semanas incrementan con creces los riesgos de fuga y de destrucción y ocultación de pruebas relevantes para el buen desarrollo del proceso. Esto sí se puede evitar con la prisión. No se puede decir lo mismo de la activación los planes B o C que nadie duda que tiene preparados Luis C.