La defensa cree que se manipularon datos para imputar al ex alcalde de Os Blancos

?n manos del tribunal de la sección primera de la Audiencia provincial queda ahora decidir sobre la culpabilidad o inocencia de José Antonio Rodríguez Ferreiro, ex alcalde de Os Blancos, al que se acusa de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Después de tres días en los que acusación y defensa han presentado sus pruebas, la mañana de ayer estuvo dedicada íntegramente a la explicación de las conclusiones tanto de las dos acusaciones, pública y particular, como de la defensa. Sus puntos de vista sobre lo que sucedió entre los años 1997 y 1999 en el Ayuntamiento de Os Blancos, entonces presidido por el imputado, son totalmente opuestas y mientras los primeros solicitan una condena de hasta seis años de prisión, el segundo reclama la absolución. «El ex alcalde de Os Blancos ha cometido uno de los actos más reprobables que puede realizar un funcionario y ha defraudado la confianza que pusieron en él los vecinos». Con estas palabras cerraba su intervención la representante del ministerio fiscal Eva Regueiro, quien sostiene que durante el juicio se han presentado pruebas más que suficientes para demostrar que el acusado cometió los delitos por los que ha sido imputado. Falsear facturas, utilizar presupuestos como documentos de pago y eludir todas las advertencias de ilegalidad que le hacía la secretaria municipal, eran algunas de las técnicas utilizadas por Rodríguez Ferreiro para cobrar cheques al portador y quedarse con el dinero público, según señaló la fiscal. Por ello reclama que el acusado, si es condenado, devuelva a las arcas de Os Blancos 234.710 euros. El Concello En la misma línea se mantiene la acusación particular, ejercida por el letrado Eduardo Villar en representación del Concello de Os Blancos. El abogado aseguró que no hubo motivos políticos que impulsaron al actual regidor a incoar la denuncia contra el anterior y señaló que Rodríguez Ferreiro cobró numerosas dietas del Concello a pesar de trabajar para una empresa de construcciones. El letrado también aseguró que el ex alcalde realizaba operaciones de bolsa y que solía disponer de dinero en efectivo. Esta parte considera que el dinero que debe devolver el acusado asciende a 286.000 euros. Contrariamente a estas versiones, el abogado defensor, José Manuel Orbán, asegura que los documentos que sustentan la acusación contra Rodríguez Ferreiro «han sido manipulados». Justifica el letrado esta afirmación afirmando que la secretaria municipal, que aseguró haber advertido al alcalde sobre la irregularidad de los pagos que se estaban realizando, tenía la obligación de haber avisado también al pleno sobre las anomalías graves. «Ella misma reconoció que no lo había hecho, impidiendo así que se conociera que el político había vulnerado la ley» recordó el letrado al tiempo que argumentaba que las advertencias de ilegalidad que aparecen en los documentos «se hicieron mucho después con la clara intención de imputar al ex alcalde». Sustenta esta afirmación en el hecho de que sus peritos encontraran firmas falsas entre los documentos. Sí cree este letrado que las acusaciones contra Ferreiro han sido realizadas «por motivos políticos» y asegura que dos de las funcionarias que declararon que el acusado les entregaba cheques en efectivo para después recoger él mismo el dinero sienten una «enemistad manifiesta» hacia el imputado. Por todo ello, pide su absolución.

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