La Zepa de A Limia retrasará el nuevo regadío porque obliga a esperar por el informe ambiental
OURENSE
La Zepa sí afectará a la renovación del regadío de A Limia. Lo dicen los responsables de las propias comunidades de regantes a los que la empresa Seiasa del Norte, encargada de este proyecto, confirmó que la declaración de Zona de Especial Protección de Aves obliga a tramitar un informe de impacto ambiental que tardaríacerca de dos años.
Lo confirmaba ayer mismo Javier Losada, de la Comunidade de Regantes Alta Limia -una de las cuatro que están implicadas en este plan de renovación, junto con Corno do Monte, Lamas Ganade y San Lorenzo de Sabucedo- que matizaba que «os ánimos están cada vez máis caldeados e agora a única saída que vemos é que o recurso que presentamos e nos admitiron no Tribunal Superior de Xustiza nos dé a razón e se retire o decreto».
Los regantes se lamentan además de que el retraso se producirá por una pequeña parte de la superficie total del proyecto. Este plan afectaba a 4.700 hectáreas, pero no todas están dentro de la zona de protección de la Zepa. De hecho Na nosa comunidade colle 40 ou 50 hectáreas das 800 que temos, tamén toca parte de Lamas e algo en San Lourenzo», matizó Losada.
Plan de ahorro estatal
Pero el retraso de otros dos años para esperar el informe ambiental no es lo único que preocupa a los regantes. Temen además el plan de ahorro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «porque si se refunden todas as empresas públicas que xestionaban estes proyectos, como parece que se está estudiando, non sabemos si se manterá o que xa negociamos coa nosa que era Seiasa do Norte».
Reunión en junio
Este es un punto clave, ya que antes de la Zepa el mayor problema había sido reducir el coste que la empresa proponía para el proyecto. La primera propuesta fue de 33 millones de euros, que después se redujeron a 27,5 millones. Los agricultores consideraban excesivo que el coste por hectárea rondase los 9.000 euros y en sucesivas negociaciones han logrado un compromiso con Seiasa del Norte para que no se superen los 7.000 euros. «Veremos si os que veñen aceptan ese compromiso», señala Javier Losada.