La instrucción judicial del caso de los paneles publicitarios del BNG, correspondiente a la frustrada concesión de un servicio comercial en suelo público para 40 años y sin concurso público, se reanudará el próximo martes con el testimonio de una empleada municipal. La citación a la funcionaria que desempeña funciones de secretaria en el departamento de Infraestructuras que dirige el teniente alcalde, Andrés García Mata, fue propuesta por el fiscal tras la declaración del líder municipal del BNG, que en diferentes momentos se refirió a la trabajadora como la persona que, supuestamente, pondría el sello con la referencia visto e prace y «Asdo: Andrés García Mata» bajo su firma manuscrita en un documento.
Alusión a la secretaria
A pesar de que el teniente alcalde confesó al juez que le había producido preocupación la querella del fiscal, por lo cual pidió al Secretario del Concello de Ourense su opinión sobre el documento, el sello y las firmas, no llegaría Andrés García Mata, según sus palabras, a hacer averiguaciones para confirmar la identidad de la persona que había puesto el sello sobre su firma.
El fiscal, en ese punto, solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense que se citase a esa funcionaria, algo que hizo el magistrado el mismo día y fue comunicado a las partes al día siguiente. El acusador público pedía, previsiblemente a expensas de lo que pueda aclarar la funcionaria, que se citase a todas las personas que estaban en la secretaría de la Concellería y, si son muchas, oficiar al órgano policial que corresponda para que digan qué personas tenían acceso al sello.
Los socios de Afiador
Completada el martes la ronda de declaraciones de los seis querellados con el testimonio de Daniel Conde y José Omar Bouzo, los dos socios de la empresa Afiador que se iba a beneficiar de una concesión que gestionó el BNG y frenó el alcalde de Ourense, quedan únicamente por declarar representantes de distintas empresas que aparecen citados en la documentación municipal o en las pesquisas del fiscal.
El ex teniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal y el director general de turismo David Cortón, ambos del BNG, prestaron declaración por esta querella del fiscal el pasado viernes, el mismo día en que lo hizo el funcionario Elías Domínguez, responsable del servicio de industria, turismo y comercio. Tanto los dos socios de la empresa, como los tres políticos y el funcionario han declarado como imputados, asistidos por abogado, por una querella que apunta delitos continuados de falsedad en documento oficial o prevaricación.
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