Si este fuese un país serio, ya habría dimitido el presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, para quien el fiscal pide la imputación al considerar que existen «indicios delictivos de gran relevancia» que acreditan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad.
Si Compostela Aberta no fuese casta; si no siguiese los mismos patrones de comportamiento que el Partido Popular, ya habría presentado su dimisión el concejal Jorge Duarte, también imputado por prevaricación por supuesto trato desigual a los locales nocturnos de la ciudad.
Pero es que resulta que unos y otros, tan dados a descalificar al rival, cierran los ojos para que no los veamos, cuando los imputados son ellos. Y apelan infantilmente a la presunción de inocencia y, lo que es peor, al acoso judicial, como hizo ayer el gran Hernando, para tratar de defender lo indefendible, dándonos lecciones de ética y comportamiento y hasta exigiendo el respeto que ellos no nos conceden.
Pedro Antonio Sánchez y Jorge Duarte son inocentes hasta que la Justicia diga lo contrario. Pero son sospechosos, repito, sospechosos, de comportamientos delictivos y de ahí que se les haya abierto una investigación.
Los jueces y los fiscales no tienen por costumbre utilizar las guías telefónicas para buscar imputados aleatoriamente. No todos los ciudadanos de este país estamos imputados por malversación de caudales públicos ni por prevaricación. Pero quienes lo están y desempeñan cargos, se niegan a reconocerlo.
Nadie duda de su inocencia. El tiempo lo dirá. Pero a día de hoy son sospechosos de actuar delictivamente. Y por eso, por sospechosos, por imputados, han de dejar sus cargos públicos. Porque queremos unas instituciones limpias. Inmaculadas. Aunque, por lo visto con la vieja y la nueva política, es una quimera.