EL OJO PÚBLICO

La conspiración secesionista para delinquir


02/12/2016 08:49

«Somos demócratas, y por serlo, tenemos una regla segura: la Ley. ¡La Ley! La Ley tiene dos caras. Es una norma obligatoria para todos los ciudadanos; y también un instrumento de gobierno, y se gobierna con la Ley, con el Parlamento, y una democracia se disciplina mediante la Ley, que el Gobierno aplica bajo su responsabilidad. No se puede gobernar una democracia de otra manera». Eso decía Azaña en un discurso pronunciado el 28 de marzo de 1932 ante la asamblea del Partido de Acción Republicana.

¡Cómo contradecir al gran intelectual y político español! No se puede gobernar sin la ley, ni gobernar contra la ley, ni poner la democracia por encima de la ley. Es esa una evidencia que, aunque parezca mentira, debe recordarse una vez más ante la locura desatada del secesionismo catalán, a quien la Constitución y la ley se la traen completamente al fresco. Tanto, que en su último proyecto de Presupuestos, el Gobierno catalán, tras incluir una suma camuflada destinada a la celebración de un referendo ilegal y claramente delictivo, ha previsto «habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña».

Más claro, agua. Todo indica desde hace muchos meses que los secesionistas están dispuestos a llegar hasta el final, es decir, hasta proclamar de un modo unilateral la independencia de Cataluña tras un referendo que piensan ganar probablemente arrinconando a los partidarios de la unidad de España, a los que se acusaría por tierra, mar y aire de ser malos catalanes y traidores a su tierra.

Por eso, salvo que el Gobierno de España sea capaz de demostrar que el creciente desafío del secesionismo catalán es una bravuconada que llegado el momento, sus impulsores, dejarán, por voluntad propia, en agua de borrajas, resulta cada día más incomprensible la respuesta timorata del Estado, de una lentitud y falta de coraje exasperante, que no puede tener otro efecto que envalentonar al independentismo pendenciero. El Gobierno afirma que, de aprobarse, recurrirá los Presupuestos catalanes que prevén el referendo. Pero tal respuesta es a estas alturas claramente insuficiente. Ya no es hora de impugnar ante el Tribunal Constitucional las cuentas de la Generalitat, sino de acudir al fiscal solicitando la aplicación del artículo 17.1 del Código Penal que regula la conspiración delictiva, conspiración que se produce «cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo».

¡Qué es, sino eso, lo que están haciendo, con una irresponsabilidad solo comparable a su desvergüenza, los miembros del Ejecutivo catalán y los diputados independentistas que lo apoyan! Proyectar, ante el país y Europa entera, la comisión, no de no uno, sino de varios delitos gravísimos y capaces de arruinar la convivencia secular de Cataluña y el resto del país.

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