Mientras el Gobierno mantiene que su política económica es un éxito en crecimiento económico y creación de empleo y que, por tanto, sería una temeridad modificarla (como se reclama desde la oposición y los sindicatos), muchos son los síntomas de que demasiadas otras cosas no van bien. Por eso cabe preguntarse: ¿es posible que crezca una economía mientras empeora su bienestar social y su nivel de desarrollo?
Al menos dos premios Nobel de Economía (Sen y Stiglitz) han respondido afirmativamente a esta pregunta. Confirman que una economía puede ser globalmente más rica (por ejemplo, en riqueza media por habitante) mientras su desigualdad social puede estar creciendo, o mientras sus relaciones laborales y servicios públicos se degradan.
Hoy en España podemos haber vuelto a ser igual de ricos (en PIB global en términos reales) que en el año 2007, pero podría suceder que amplios sectores sociales acusen condiciones laborales, de ingresos o de prestación de servicios públicos notablemente peores a los de aquel año.
Es este mi diagnóstico para la actual recuperación española: crecimiento sin desarrollo. Lo que otros llaman crecimiento no inclusivo, crecimiento que genera (y se levanta) sobre una creciente exclusión social. Lo venimos comprobando mes a mes en esta columna. ¿También en este mes de noviembre?
Este noviembre supimos que casi tres millones de personas cobran en España un salario inferior a los 800 euros mensuales, según la última Encuesta de Población Activa. Y que uno de cada tres trabajadores percibe menos del salario mínimo interprofesional, mientras que antes de la crisis era uno de cada cuatro.
Otro informe -de la OCDE- confirmaba que en España (solo en Portugal la cosa fue peor) los ingresos de los trabajadores con sueldos más bajos fueron los que más se desplomaron en el conjunto de los países desarrollados. Y que mientras tanto, la cesta de la compra se encarecía (por ejemplo, el IPC hasta octubre ya triplicaba el incremento de las pensiones de este año).
La Organización Internacional del Trabajo calificaba el pasado mes a España como el segundo país de la UE con mayor precariedad laboral tras Polonia. Por eso en una inspección laboral realizada en una de nuestras principales regiones turísticas se comprobó que uno de cada tres contratos (temporales) eran fraudulentos (debían ser indefinidos). No extraña que el presidente de una cadena hotelera denunciase despidos masivos para subcontratar y «explotar» (fueron sus palabras) al personal.
La cobertura a los desempleados sigue cayendo y nos acercamos a los dos millones de parados que no cuentan con ninguna prestación. Y, cuando aún no hemos llegado a la ola invernal de gripe, las esperas en las urgencias hospitalarias en el área sanitaria donde yo resido superaron, a finales de noviembre, las 24 horas. No es ajeno a todo ello que la España que más crece (según informaba Eurostat) recaude siete puntos menos de impuestos sobre el PIB que la media de los países de la zona euro. Eso: crecimiento sin desarrollo.