E s cierto que el programa electoral del PP se mueve en la ambigüedad calculada. Pero también lo es que en algunas materias sí avanza propuestas concretas. Por ejemplo, su propaganda sobre reforma de la negociación colectiva, en la que dice que tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones de trabajo los convenios o acuerdos de empresa que pacten los empresarios y los trabajadores. En esta cita textual del programa hay dos elementos destacables y muy preocupantes. El primero es el de equiparar simples acuerdos a la categoría de convenio. El segundo es que no aparece la palabra sindicatos.
Todo parece indicar que el PP se propone, si llega al Gobierno, sustituir el proceso de negociación colectiva entre organizaciones empresariales y sindicales por simples acuerdos en el interior de cada empresa. En una estructura empresarial basada en medianas y grandes empresas esto no sería un problema. Pero la realidad empresarial de España es otra: se basa en las pequeñas y en las medianas empresas. Según los últimos datos del INE, hay algo más de tres millones de empresas, de las cuales el 96 % tienen menos de 10 trabajadores y solo 5.000 tienen una plantilla superior a 200 asalariados.
En España se negocian aproximadamente 6.000 convenios colectivos, cuatro mil de empresa y dos mil de sector, que regulan las condiciones laborales de algo más de 11 millones de asalariados. Plantearse cambiar este modelo de seis mil convenios a negociaciones en el ámbito de los tres millones de empresas es una barbaridad, por muchas razones, desde la operatividad al coste del nuevo modelo, pasando por los problemas de competencia desleal entre empresas.
Pero en realidad ni la parte más reaccionaria, la patronal española, verdadera impulsora de esta propuesta, ni el PP, que actúa como intermediario, piensan de verdad en un nuevo modelo más descentralizado.
De lo que se trata es de fragmentar hasta el máximo el ámbito de negociación de los convenios, de hacer desaparecer a los sindicatos como negociadores y de darles todo el poder de decisión a los empresarios.
Es evidente que los trabajadores van a estar en una situación de indefensión, en una relación de fuerzas claramente desequilibrada a favor del empresario. Las consecuencias son evidentes, y de hecho, la patronal española las hace explícitas. Este nuevo modelo de negociación tiene como objetivo reducir los salarios a los trabajadores con la finalidad de recuperar el nivel de beneficios de las empresas.
Lo sorprendente es que el PP lo incluya en su programa electoral, porque en España hay menos de un millón de empresarios y más de 15 millones de asalariados. Esto es, se trata de una propuesta que beneficia a una pequeña minoría y que perjudica a la gran mayoría de la sociedad. Y de los electores que van a votar el 20-N.
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