Tribuna : | José María Mollinedo A menor fraude fiscal, menor déficit

Recientemente hemos conocido que el déficit de las comunidades autónomas alcanzaba ya el 1,2 % del PIB a mitad de año, sobre un objetivo de no rebasar el 1,3 % al cierre del 2011. Por si esto fuera poco, se hace público que la deuda de las comunidades también creció con fuerza durante el primer semestre de este 2011, y al ecuador del año se sitúa por encima de los 133.000 millones -un 12,4 % del PIB-.

El creciente binomio déficit y endeudamiento no contribuyen a mejorar la confianza de los inversores sobre nuestra economía. Todos coincidimos en la necesidad de equilibrar esta balanza; ahora bien, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo?

Algunas comunidades están optando por recortar los gastos, algo que inevitablemente perjudica la calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales a los ciudadanos.

Otra vía posible, no excluyente con la anterior, es aumentar la recaudación, es decir, incrementar los impuestos existentes o crear otros nuevos.

No obstante, ambas opciones suelen ir acompañadas de una encendida polémica en torno a su conveniencia; tal es el caso de la reciente recuperación del impuesto de patrimonio, aún a pesar de que tan solo afectará a los 160.000 contribuyentes con mayores fortunas, quienes además afrontarán un pago individual muy inferior al que se aplicaba en el año 2007.

Estos debates, sin embargo, parecen olvidar el camino más eficaz para alcanzar los «números negros»: combatir la economía sumergida. Porque antes que aprobar nuevos recortes sociales o aumentar impuestos, sería deseable hacer cumplir la ley tributaria a los defraudadores, y es que más de 245.000 millones de euros escapan anualmente al control de Hacienda. Esta cifra equivale al 23,3 % de la riqueza nacional, diez puntos por encima de la media de los países más avanzados de Europa.

La siguiente cuestión a plantear parece obvia: ¿se está haciendo todo lo posible por perseguir a los evasores fiscales? Por desgracia, la respuesta es negativa a la vista de estos datos.

Desde hace tiempo venimos proponiendo cinco medidas concretas: elaborar estudios oficiales sobre la economía sumergida; el Parlamento fijaría los principales objetivos al Ministerio de Hacienda; establecer el consorcio y la colaboración entre Administraciones tributarias; crear un Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda que autorice a los 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude; y finalmente, adoptar cambios en la tributación de pymes, autónomos, sociedades con beneficios muy altos, sicav y ganancias patrimoniales especulativas.

Gracias a estas medidas podríamos reducir el fraude a la media europea, lo que permitiría recaudar anualmente unos 38.500 millones de euros adicionales; unos ingresos que servirían para aliviar el déficit público y el fuerte endeudamiento de la economía española, evitando así tener que plantear nuevos recortes sociales o subidas impositivas como las aprobadas en estos últimos años.

«P or un perro que maté me llaman el mataperros», y esto no está bien. A cuenta de que en una provincia gallega las estadísticas de accidentes mortales de tráfico apuntan que el grueso mayor de fallecidos corresponde al grupo de edad que sobrepasa los 65 años, se concluye que debe cuidarse a esta especie de conductores mayores. Dícese conductores con deliberada exclusión de peatones, porque sabemos que en esas tasas de edad son las víctimas propiciatorias de atropellos mortales a peatones en esta tierra. Al hilo del dato, recogido en este periódico, parece que la Fiscalía para la Seguridad Vial quiere conocer el funcionamiento de los centros para reconocimiento de conductores.

Ciertamente que la edad alta condiciona el funcionamiento de los circuitos neuronales, pero la experiencia larga en la conducción activa a cambio los mecanismos de la previsión y del sosiego ante situaciones de conflicto frente a la impulsividad y la temeridad del conductor de otras edades. Y no sería demasiado difícil interrelacionar mediante norma a la clase médica con los gestores de la seguridad vial, haciendo preceptiva la información acerca de episodios -enfermedades naturales o accidentes- que presumiblemente merman las aptitudes psicofísicas para la conducción.