¿Quién pagará la factura?

Noqueadas por la crisis económica y por la nefasta gestión de sus políticos, Europa vive las horas más amargas que le hayan tocado en tiempo de paz, mientras España se precipita a la convulsión social, azotada por los peores presagios. El número infame de cinco millones de parados, la destrucción inexorable de incontables empresas y el arrasamiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos son solo la primera parte de la costosa factura que la clase política quiere obligarnos a pagar.

Ante semejante bajada a los infiernos, es imposible permanecer callado o asistir pasivamente impertérrito a la consagración de la mayor equivocación que hayamos vivido en la historia reciente de nuestro país. Por eso es preciso sacudir las conciencias; sobre todo, las de los que están obligados a reaccionar ya, aunque eludan un día sí y otro también sus propias responsabilidades.

Son responsables, desde luego, por omisión, porque han incumplido su deber de devolver la confianza a las empresas, hacer fluir el crédito, rebajar las cargas y favorecer urgentemente la adaptación al nuevo escenario económico salido de la recesión.

Y son responsables por acción, porque han cargado al país con una estructura insostenible. Si en momentos de bonanza económica el coste de la Administración -lujoso y redundante- solo puede tacharse de verdadero despilfarro, en tiempos críticos como los que vivimos semejante dispendio se vuelve cicuta contra el interés público.

Son los impuestos de los contribuyentes los que tienen que proveer los opulentos presupuestos de un entramado de instituciones, organismos y entes públicos que se pisan las competencias y apenas aportan en muchos casos más que laberíntica burocracia, costosa lentitud y exasperante dificultad.

Algunas, como las diputaciones, ya se han mostrado perfectamente suprimibles, pero nadie parece dispuesto a dar el paso de refundir municipios y eliminarlas. Mientras los pequeños ayuntamientos se vuelven incapaces de asumir los gastos de funcionamiento, los organismos provinciales gallegos suman cada año cerca de 600 millones de euros (cien mil millones de pesetas) de presupuesto. Si su función radica, precisamente, en asistir a los entes locales, la inviabilidad de decenas de estos demuestra que algo falla en la arquitectura política del país.

No menos ininteligible es la proliferación, a cargo de nuestros impuestos, de las televisiones autonómicas. Cataluña tiene ocho canales, 1.995 empleados y 481 millones de presupuesto (bastante más que las tres universidades gallegas). Andalucía dispone de dos canales, 1.630 trabajadores y 239 millones de presupuesto. Y Galicia, con una población mucho más reducida, cuenta también con dos canales de TV y tres de radio, 920 empleados y un coste anual de 107 millones. Los que aún sostienen que cada comunidad necesita desarrollar con cargo al erario este supuesto servicio público tienen muy difícil sustentar su opinión en términos racionales si reparan en que, para mantenerlo, los bolsillos de los españoles deben aportar cinco millones de euros (ochocientos treinta millones de pesetas) cada día del año. Hoy, por ejemplo. Y mañana.

A la vista de estas cifras, meramente indicativas del problema de fondo, resulta evidente la grave contradicción que se ha establecido entre la angustiosa situación económica de millones de personas y los aires de derroche en que se han instalado los actores del sistema político.

Difícilmente cabe esperar del inoperante Senado (55 millones de presupuesto), de los diecisiete parlamentos o cortes regionales (392 millones) o de los trece defensores del pueblo autonómicos más el del Estado (aproximadamente, 50 millones en total) que vengan a arreglar el absurdo del que forman parte, y que o bien han consentido o bien han contribuido a engrandecer.

La hipertrofia de las administraciones ha traído también como consecuencia el gigantismo en el número de funcionarios que deben servirlas. Nada menos que 2,6 millones de empleados públicos se cuentan en total en España, lo que coloca al país en la quinta posición de la Unión Europea, tras Francia, Alemania, Polonia e Italia. En Galicia, la suma de los trabajadores de todas las administraciones públicas alcanza las 154.000 personas, lo que supone un funcionario por cada dieciocho habitantes. El ratio es indicativo de lo imbricado que está el sector público en la sociedad gallega. Pero, lamentablemente, eso no se ha traducido hasta ahora en alguna ventaja competitiva para Galicia.

Ciertamente, desde la Xunta, que tiene en sus nóminas a cerca de 90.000 personas, empiezan a tomarse algunas medidas para intentar hacer más eficiente la Administración. Ha sido la primera en recortar presupuestos, fijarse un techo de gasto y poner coto en campos como la sanidad y la educación, servicios evidentemente básicos en un Estado social, pero cuyo coste exorbitado amenaza con llevar al crac a todo el sistema.

Por eso, por racionalizar y salvar lo verdaderamente importante, es preciso poner fin a los innumerables gastos superfluos que aquí y en el resto de España saquean las carteras de los contribuyentes. Basta ver el mayestático adefesio del monte Gaiás, cuya factura, aún sin terminar, ya se acerca peligrosamente a los cincuenta mil millones de pesetas. O lo que gasta la Xunta en alquileres de sedes, oficinas y ventanillas. Crecen como setas en Santiago y se replican por toda Galicia, sin que tal despliegue físico -en la era de la comunicación electrónica-, redunde en facilidad de gestión para el ciudadano.

Pero, si queda mucho por ahorrar y racionalizar en Galicia, es todavía más exasperante el callejón sin salida en que se ha introducido España, con gastos y deudas financieras desmedidas en todas las comunidades autónomas. La clase política, con su impericia y sus intereses, ha creado un monstruo que nos ha llevado al borde mismo de la quiebra.

Quienes han lucido en los últimos años el oropel del mando, sea en las comunidades autónomas o en el Gobierno de España, han emborronado sus nombres con el peor servicio que se podía dar a sus ciudadanos. Estos, como es habitual, pagan con sus impuestos y su empobrecimiento los platos rotos. Pero aquellos que nos condujeron hasta aquí alguna factura tendrán que abonar.