el ojo público : Universidad: aulas vacías, aulas llenas

A unque quizá a alguno de mis colegas no les guste verlo escrito, creo que a la Universidad y, más en general, al sistema educativo, podría aplicársele aquello que en su día dijo de la guerra El Tigre Clemenceau: que era cosa demasiado importante para dejarla en manos de los generales.

También la educación resulta demasiado relevante en un país como para entregar en exclusiva todas las decisiones que le afectan a los directos gestores del sistema educativo. Por eso, incluso en aquellos de sus ámbitos en los que, como ocurre con las universidades, su autonomía está constitucionalmente proclamada, debe existir un control externo de la sociedad en ciertas esferas que son especialmente sensibles para la ciudadanía que paga la enseñanza superior, en un altísimo porcentaje, con cargo a sus impuestos. Pues en ningún sitio está escrito que los profesores no podamos caer en el vicio del corporativismo que afecta a otras profesiones.

Ayer supimos que la Consellería de Educación exigirá un mínimo de 45 alumnos (o 50) para autorizar una nueva carrera, y si yo tuviera que criticar esa medida lo haría en todo caso por defecto y nunca por exceso. Y es que, si España fuera Jauja, que a todas luces no lo es, o el coste de cada puesto escolar se pagara íntegramente con cargo a la matrícula de quienes los disfrutan, nada habría que objetar a esas titulaciones con dos o tres alumnos por curso, que le cuestan al erario público un verdadero potosí y ello hasta al punto de que becados en la mejor universidad del planeta le saldrían más baratos, sin duda, a la sociedad gallega.

Del mismo modo, el control público, que por serlo debe venir de la mano de las autoridades políticas, ha de funcionar también cuando se fija el número máximo de alumnos, para evitar que consideraciones profesionales atendibles, pero parciales, acaben transformándose en las únicas existentes a la hora de tomar decisiones de un impacto social indiscutible. Tiene tal impacto, por ejemplo, la, desde mi punto de vista, increíble decisión de la Universidad de Santiago de reducir un 25% el número de nuevos alumnos que entrarán en Medicina; o la de las tres universidades gallegas de fijar númerus clausus muy restrictivos en nuestras cuatro facultades de Derecho.

El resultado práctico de ambas decisiones resulta tan evidente como poco edificante: que un país que, aunque debería invertir más, invierte ya mucho dinero en sus universidades, ve atónito como no pueden estudiar Medicina, pese a faltar médicos, decenas de alumnos de una valía excepcional; o que no podrán entrar en Derecho, pese a tener en Galicia cuatro facultades, tantos alumnos como lo hacían cuando en este país solo existía la facultad compostelana.

Sé que no es muy popular decirlo con esta claridad, pero todo el mundo sabe que es verdad.