tribuna Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, USC : | María José Alonso Fernández Una Ley de Ciencia para el siglo XXI

E n la primavera del 2005 recibí una de las llamadas que más ilusión me han hecho. Me habían seleccionado para participar en el programa Grandes retos en salud global, de la Fundación Bill y Melinda Gates: recibiría un importante apoyo para mi proyecto de desarrollo de una vacuna nasal, basada en nanotecnología, para la hepatitis B. Me convertiría, además, en la primera mujer de todo el mundo en liderar un proyecto de los grandes retos.

¿Qué tendría que cambiar en la investigación española para que lo que me acababa de ocurrir no fuese algo excepcional? ¿Qué podíamos hacer para contar con un mayor mecenazgo privado en ciencia, con más mujeres al frente de proyectos importantes y con un mayor compromiso de nuestra ciencia con los más pobres del mundo? En mi opinión, la Ley de la Ciencia, que será aprobada en las próximas semanas, puede dar respuesta a muchas de estas cuestiones.

La nueva ley viene a sustituir a la vigente norma de 1986, que el pasado 14 de abril cumplía 25 años. En todo este tiempo han cambiado muchas cosas: las comunidades autónomas han desarrollado políticas propias de I+D, nos hemos integrado plenamente en Europa y hemos consolidado una comunidad científica profesionalizada y capaz de cooperar y competir con las mejores del mundo. No se trata solo de una cuestión de tamaño -contamos con seis veces más investigadores que en 1986- sino también de calidad contrastada.

El proyecto de ley tenía dos retos: culminar aspiraciones que no alcanzó la ley de 1986 y, al mismo tiempo, responder a las nuevas necesidades. Las dos reformas más importantes para la comunidad científica son el establecimiento de una carrera científica más predecible y basada en méritos, sustituyendo becas por contratos en el tramo doctoral, y el compromiso de crear, en menos de un año, una agencia de financiación de la investigación.

Junto a todo ello, la ley incorpora una serie de medidas muy novedosas. Se trata de aspectos relacionados con la dimensión social de la investigación y que, sin duda, tienen que ver con las preguntas que me surgieron al recibir el apoyo de la Fundación Gates.

En primer lugar, la ley hace de la divulgación científica una actividad propia y evaluable del personal científico, dignificando un trabajo que todos consideramos imprescindible pero que en muchas ocasiones se considera de segunda clase.

Lo mismo ocurre con la cooperación para el desarrollo en materia científica, que se consagra como un nuevo eje de trabajo. Mi experiencia con la Fundación Gates me ha dado la oportunidad de constatar que la ciencia tiene un papel clave en la lucha contra la pobreza, y la investigación española no puede quedar fuera de este compromiso.

Por otra parte, la ley crea un consejo asesor que trasladará las preocupaciones de la sociedad al Gobierno en forma de recomendaciones, y crea también un comité de ética en la investigación. La necesidad de abrir el conocimiento científico a la sociedad se refleja, asimismo, en el impulso al acceso abierto, que consiste en permitir el acceso universal y gratuito a los resultados de investigación financiados con fondos públicos.

El mecenazgo científico es también una de las actividades que la ley quiere impulsar. Contamos ya con algunas fundaciones que están incorporando la investigación de excelencia entre sus prioridades, pero sigue siendo un fenómeno minoritario.

Por último, la ley da un salto importante en materia de promoción del papel de las mujeres, cuya adecuada presencia en el período formativo universitario sigue sin reflejarse como debería en la posterior carrera investigadora.

Con todo ello quizá consigamos que dentro de 5 o 10 años, cuando una importante fundación española apoye un proyecto internacional liderado por una investigadora española, no nos extrañemos. Será una buena noticia, tan buena como otras muchas que ya nos da la ciencia española, pero nos habremos dejado de preguntar por qué ocurre con tan poca frecuencia.