el ojo público : Zapatero el rehén y su sumiso ministro de Justicia

Zapatero ha dejado de ser un rehén de los nacionalistas. Ahora lo es ya, sencillamente, de los socialistas catalanes, que le han impuesto algo que solo este presidente, sin convicciones ni criterio, admitiría: vulnerar, mediante argucias de leguleyo, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y proceder a hacer lo que aquel ha declarado contrario a nuestra ley fundamental de un modo taxativo: descentralizar el gobierno de la Justicia.

Para demostrar que tal cosa no cabe en la Constitución basta con citar lo que a ese respecto ha proclamado el TCE: «Es notorio que el Estatuto catalán incurre en un evidente exceso al crear en el artículo 97 un Consejo de Justicia de Cataluña al que se califica como "órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña" y cuyos actos lo serían de un "órgano desconcentrado del poder judicial", siendo así que el poder judicial [...] no puede tener más órgano de gobierno que el Consejo General del Poder Judicial». Se puede decir más alto, pero no más claro, desde luego.

Es verdad que el TCE afirma, al propio tiempo, que cabe desconcentrar, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, funciones del Consejo que no afecten al gobierno de aquel, pero, como es notorio, lo que Zapatero -rehén de su propio partido en Cataluña- pretende no es eso, sino hacer por ley lo que no pudo en el Estatuto, que es lo que desde que se conoció la sentencia exigieron, al alimón, los nacionalistas y los socialistas catalanes. Y todo ello con la esperanza de que, dado el actual interés del PP en no molestar a CiU, nadie proceda ahora a recurrirlo, lo que permitiría llevar el fraude de Constitución hasta el final.

Hacer tal encargo al ministro de Justicia podría, a bote pronto, parecer descabellado, y ello porque, aunque el asunto le corresponde por su ramo, el ministro es uno de los directos responsables jurídicos del fiasco estatutario. Y así, de la fiabilidad del criterio de Caamaño en cuestiones constitucionales puede dar idea el hecho de que sostuviera contra viento y marea que era compatible con la Constitución todo lo que, de forma directa (anulándolo) o indirecta (interpretándolo), el TCE ha considerado que no cabe en ella en modo alguno.

Pero que las opiniones constitucionales de Caamaño hayan quedado a la altura del betún le importa a Zapatero mucho menos que la obediencia servil de su ministro, dispuesto a lo que sea con tal de agradar a quien lo ha puesto en donde está.

Eso y no sentido común o valentía para decir la verdad, es, al fin y al cabo, lo que exige Zapatero a quienes están en el Gobierno. Y eso es, a la postre, lo que explica, en gran medida, que España esté hoy en muchos sentidos al borde del abismo.