Es imposible conocer desde cuándo sabe Zapatero que la economía española marchaba hacia el colapso. Si el presidente fuera un gobernante responsable cabría suponer que el plazo transcurrido entre la toma de conciencia del peligro y el ajuste draconiano impuesto a funcionarios y pensionistas fue de horas o de días. Pero como Zapatero es el rey de la frivolidad, parece seguro que el Gobierno sabía desde hace meses que estábamos al borde del abismo -por lo menos desde que Solbes lo advertía, con el rotundo éxito que ahora puede constatarse- y que no hizo, sin embargo, nada sustancial fiando en no se sabe muy bien qué.
De hecho, lo que la gravedad del ajuste -que no ha hecho más que empezar, al parecer- pone de relieve es que nuestras Administraciones (central, local y regionales) llevan mucho tiempo gastando por encima de sus posibilidades. Una gran parte del gasto público es absolutamente indispensable y sin él nuestro Estado social no existiría: no hablo, por tanto, de lo que cuesta mantener una educación igualitaria, una sanidad eficiente y un sistema de previsión social equitativo. Ni tampoco del coste de las infraestructuras que no existirían de no hacerlas el Estado. Por no hablar no hablo siquiera del coste necesario de las Administraciones que gestionan todo lo anterior, coste sin el cual nada de ello podría hacerse.
Hablo, señoras y señores, del supuesto chocolate del loro, que ha convertido a España, en realidad, en un país donde literalmente se tiran cantidades ingentes de dinero porque nadie se atreve a decir que ya está bien.
Un colega, que por su edad, sabiduría y sensatez es lo contrario a un demagogo -colega que contribuyó, además, decisivamente a la construcción del Estado de las autonomías-, insistía no hace mucho, una y otra vez, en lo caro que es el Estado que finalmente hemos construido.
Porque ahí esta el quid de la cuestión: el chocolate del loro es, entre otras muchas cosas, la duplicación de instituciones que carece de cualquier lógica sensata (un consejo consultivo, un consejo de cuentas y un defensor del pueblo por cada autonomía); es la parte (una gran parte) del gasto suntuario en expediciones internas y exteriores de las Administraciones, que resulta perfectamente prescindible; es la vergonzosa existencia de miles de coches oficiales, y es una política descabellada de subvenciones públicas para miles de libros que nadie lee, cientos de películas que nadie ve y asociaciones de todo tipo que solo se dedican en realidad... a la gestión de subvenciones. El día que alguien sume ese gasto, ¡y todo el que usted está pensando!, nos quedaremos asombrados. Y, además, avergonzados. Pero, ¿para qué?, habiendo funcionarios y habiendo pensionistas.
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