Que el presidente de un país que tiene con el nuestro normales relaciones diplomáticas proclame en televisión que «la derecha española y fascista europea recibe órdenes del imperio y tiene periódicos, jueces, televisiones y cortes internacionales con los cuales arremeten» contra el suyo resultaría sencillamente inconcebible si Hugo Chávez no fuera ese presidente. Pero lo es.
El Gobierno ha tratado, pese a ello, el altercado que han provocado esas palabras como si en lugar de estar Venezuela gobernada por un político que ignora todos los usos diplomáticos lo estuviera por el más respetuoso canciller. Muchas cosas se han echado a faltar en la respuesta de Zapatero frente a las baladronadas de Hugo Chávez, pero de todas una ha destacado sobre el resto: el apoyo al juez Velasco que, de puro tímido, casi podría considerarse inexistente.
El presidente Zapatero tiene, sin embargo, la obligación constitucional de salir en defensa de la labor de nuestras instituciones democráticas. No ha de entrar, claro, en el fondo del asunto, pero sí exigir el respeto debido, dentro y fuera de España, a la labor de nuestros jueces que, mientras no se demuestre lo contrario, actúan solo guiados por la función que la Constitución les atribuye: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Esa increíble pusilanimidad presidencial resultaría menos sangrante, en todo caso, si no se hubiera producido de forma paralela a los extraordinarios elogios dirigidos a otro miembro de la carrera judicial -el juez Garzón- quien, con motivo o sin él (eso se verá) está siendo objeto de tres procesos judiciales.
De hecho, ese más que sorprendente contraste pone de relieve que nuestro presidente está muy lejos de entender cuál es la función que tiene asignada como máximo titular del poder ejecutivo. Él no es un político cualquiera -aunque se comporte habitualmente como tal-, sino el jefe del Gobierno, y todo lo que hace o dice se imputa a esa jefatura.
Los simples dirigentes de partido pueden elogiar o criticar al juez Garzón, pues eso es cosa de ellos y de sus respectivos electores. Pero no puede hacerlo el presidente, quien al dejar solo a Velasco y salir en defensa de Garzón se equivoca doblemente: en el primer caso, porque su papel institucional le obliga a defender a un juez en el ejercicio de su cargo y sus funciones frente al inadmisible ataque de un bribón; en el segundo, porque las palabras del presidente Zapatero solo pueden entenderse como una forma de tratar de presionar, o de desprestigiar, a quienes juzgan a Garzón.
Pero ese doble error tiene, al fin y al cabo, un único motivo: que, seis años después de entrar en la Moncloa, Zapatero aún no ha entendido en qué consiste ser el presidente del país.
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