No creo que los letrados del Consejo de Estado -entre los que se encontraban Lavilla y Herrero- firmen un dictamen de inconstitucionalidad en contra de su docto y honrado criterio. Tampoco creo que Zapatero se atreva a decirles cómo deben redactar sus informes, ni que el Tribunal Constitucional admita a trámite una chapuza insustancial con la única intención de contribuir a la conspiración judeomasónica que quiere arrebatarnos nuestras cajas. Por eso desoigo -¡es lo más fino que se me ocurre!- todas las declaraciones de Feijoo, Rueda, Puy y Guillerme, que están hechas en esta clave. Tampoco creo que nuestras cajas sean el mejor bocado de España; ni que tengamos excedentes de ahorro que enviar al Levante; ni que seamos capaces de invertir en Galicia, en términos rentables, todos los recursos disponibles; ni que podamos prescindir de las dudosas operaciones que hemos hecho fuera de Galicia y que ahora contribuyen a enrarecer todas las estrategias de fusión. Por eso desoigo el análisis del problema que hace el BNG -y que el PP parece respaldar- en términos colonialistas, como si todos quisiesen robarnos lo nuestro, y como si alguien creyese, todavía, que el Finisterre es una isla económica y financiera.
También dudo mucho de que Rueda y Feijoo ignoren que su negociación con Madrid es un dilema tardío. Porque si la ley se modifica sustancialmente, para hacer posible la retirada del recurso, no serviría para forzar -esa es la palabra- la fusión no querida de las cajas; y si tal modificación no se produce no sería posible acordar la retirada. Los acuerdos de interpretación tienen sentido en leyes fundamentales y muy estables, como la Constitución, pero no tiene sentido hacer depender de acuerdos interpretativos una ley que fue redactada hace dos meses y con algunas advertencias -también la mía- de que se dirigía al abismo.
No creo que el recurso impida la fusión de las cajas. Solo impide la fusión impuesta por el poder político. Porque si las cajas quieren fusionarse no tienen ningún problema para hacerlo, salvo los que pudieran derivarse de un análisis económico que, de momento, siguen hurtándonos. Tampoco creo que esté bien planteada una fusión que eludió la negociación entre las propias instituciones implicadas, que no planteó la cuestión territorial, y que, por no disponer de informes económicos definitivos, da la impresión de ser una huida hacia delante.
Por eso creo -porque algo hay que creer- que la Xunta tiene más interés en culpar al PSOE del fracaso de esta operación que en llevarla a buen fin. Porque la personal iniciativa de Feijoo convirtió en pura política lo que solo debía ser ?-digámoslo alto- un buen acuerdo entre
Caixa Galicia y Caixanova.
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