El estado de salud de una sociedad se mide, entre otras cosas, por la calidad de sus servicios públicos. Por cómo se organiza y esfuerza para atender a los individuos que la integran. A la vista de lo que ocurre con la Justicia, cabría afirmar sin rubor que nuestra sociedad tiene serios problemas. Es uno de los pilares del Estado, pero vive anquilosada en el siglo XIX, con medios obsoletos y miles de asuntos sin resolver. El caso de los funcionarios del juzgado coruñés que llevan tres años trabajando en un pasillo por falta de espacio evidencia una vez más las carencias de un servicio vituperado por la clase política (reza la leyenda que la Justicia no da votos), pero también por una ciudadanía que ve con cierto desdén, e incluso lejanía, un problema que ya roza el esperpento.
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