el ojo público : No hay más CERA que la que arde

Pensemos en el nieto de un gallego que emigró a Cuba hace 70 años, no ha viajado nunca a España (cosa lógica en un lugar donde no existe libertad para marcharse), no tiene con nuestro país ninguna relación y, en consecuencia, se siente tan español como un lapón. Pensemos luego en un caboverdiano que lleva viviendo años en Burela, vai ao mar cos nosos mariñeiros, habla con soltura los dos idiomas de Galicia, tiene a sus hijos estudiando en un instituto de la zona y siente por las cosas de España el lógico interés de quien aquí vive, trabaja y paga sus impuestos.

Y una vez hayamos imaginado todo eso, supongamos que somos, por ejemplo, de Nebraska, desconocemos los delirios españoles y tuviéramos que responder a esta pregunta: ¿cuál de los dos individuos mencionados (el caboverdiano o el cubano) debería poder votar en España en elecciones generales, locales o autonómicas?

Nuestra respuesta no ofrecería duda alguna: debería poder hacerlo el caboverdiano, desde luego, que tiene todas las condiciones exigibles para ser un verdadero ciudadano: residencia, arraigo cultural y tributación fiscal.

Todos nosotros -que no somos, claro, de Nebraska- sabemos, sin embargo, que entre el sinfín de desvaríos que van engrosando sin desmayo el catálogo del esperpento nacional figura uno que solo la fuerza de la costumbre nos ha llevado a aceptar como normal: la existencia de cientos de miles de supuestos españoles -gran parte de los que componen el Censo de Residentes Ausentes: CERA- que de españoles solo tienen una cosa (la nacionalidad legal), pero que, gracias a ella, gozan, entre otras ventajas, de la de votar en elecciones. En Galicia son 345.321, el 13% del censo electoral, lo que supone casi 11.000 más desde los últimos comicios autonómicos.

Este apogeo del ius sanguinis (de los derechos derivados de la sangre) constituye un abuso antidemocrático absolutamente inaceptable. Tanto que no es de extrañar que comience a ganar fuerza un argumento que, de no ser por el escandalazo del voto emigrante, a nadie sensato se le hubiera ocurrido plantear: el de por qué puede votar, por ejemplo en las autonómicas gallegas, un supuesto gallego que tiene su residencia legal en Venezuela y no uno que la tiene en Barcelona.

Pues el problema de voto emigrante no es solo el de las garantías existentes para asegurar la limpieza del proceso electoral, sino el de la inclusión en el censo de docenas de miles de personas que jamás debieran haber entrado en él. No hay más cera que la que arde, aunque el CERA se empeñe en lo contrario: no hay más electores legítimos que los que son verdaderos ciudadanos, ni más verdaderos ciudadanos que los que se forjan en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía.