Que doce periódicos catalanes hayan firmado un editorial conjunto sobre la dignidad de Cataluña, demuestra, sin lugar a dudas, que estamos ante el mayor problema político que tiene la España de hoy. Lo que no demuestra, en cambio, es que los editorialistas hayan acertado en el diagnóstico de fondo, ni que los demás tengamos que mirar para otro lado como si la relectura unilateral de la Constitución que se hace desde el Estatuto catalán no tuviese nada que ver con nosotros.
Lo primero que hay que decirle a los catalanes es que discutir la forma chapucera en la que se ha desarrollado la reforma de su ley fundamental no afecta para nada a su dignidad ni a su derecho a defender cualquier modelo de relación o de no relación con España. Lo único que algunos hemos dicho, y seguimos sosteniendo, es que esa reforma -abordada desde el Estatuto hacia la Constitución, y no al revés- ha generado una desfeita jurídica que no se la salta un galgo, y que una constitucionalidad tan lábil como la que ahora se nos propone no favorece en nada la convivencia armoniosa entre las comunidades autónomas.
Es cierto, por desgracia, que la cuestión catalana se ha convertido en un dilema, y que si es malo dejar que la reforma constitucional encubierta se cuele por los entresijos del Estado, peor puede ser rectificar tantos errores acumulados por medio de una sentencia tardía, muy politizada y muy deslegitimada por las actitudes del propio tribunal que ha de emitirla. Pero eso no significa que tengamos que creernos que los catalanes no sabían cuál era el destino final de los forzados acuerdos que le impusieron a Zapatero, ni hasta qué punto fiaron su destino a un tinglado legal, pactado con el PSOE, en vez de fiarlo a una legalidad constitucional reforzada por el rigor, la mesura, la oportunidad y el consenso.
La situación del Estatuto de Cataluña trae causa del cambalache -revestido de sentido del Estado- entre nacionalistas y social-zapateristas. Y su agravamiento solo se explica por la incuria desvergonzada de un Tribunal Constitucional que va a salir de este envite tocado del ala y difícilmente recuperable para su alta misión. Y por eso no hay derecho a que se nos traslade este problema a los demás como si tuviésemos algo que ver en él, o como si la desfeita estuviese perjudicando a Cataluña y no a los demás.
A estas alturas es posible que no haya más solución que reunirse en cualquier taberna y pactar una constitucionalidad de hecho que el Tribunal non tendría reparo en promulgar. Pero lo que Cataluña ya no puede mantener es su condición de faro de las autonomías y punta de lanza de la modernización de España. Porque esa dignidad, que siempre le hemos reconocido, se la vendió a Zapatero por un plato de lentejas.
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