el ojo público : El Tribunal Constitucional ayuda a enterrar a Montesquieu

Cuando, en el 2004, llegó Zapatero a la Moncloa, el Tribunal Constitucional se había ganado a pulso un aprecio merecido: juristas, políticos y ciudadanía en general respetaban su labor. El Tribunal había pasado -desde luego- momentos muy comprometidos (como el de la sentencia de Rumasa), pero, pese a ellos, había salido airoso de los muchos desafíos que se le habían planteado a lo largo de dos décadas y media.

Cuando Zapatero deje el Gobierno, el Tribunal Constitucional no será más que una pálida sombra de lo que un día logró ser. La forma descabellada en que se han gestionado por el Tribunal y por las partes los recursos presentados contra el Estatuto catalán -un despropósito jurídico y político que nunca se hubiera aprobado sin el impulso final del presidente del Gobierno- ha puesto al supremo garante de la Constitución al pie de los caballos, por lo que no es de extrañar que esté siendo literalmente pateado a la vista de una sociedad atónita por su increíble forma de actuar.

La imagen televisiva de la presidenta del Tribunal abroncada en público por la vicepresidenta del Gobierno ha terminado por ser, así, un cuadro grotesco, pero expresivo, de una subordinación que, pese a ser de todo punto incompatible con la labor de la señora Casas como magistrada y presidenta, ayuda a explicar lo que está ocurriendo con esa sentencia que llevamos más de tres años esperando.

Porque es la berroqueña voluntad del Gobierno de impedir, cueste lo que cueste, que el Estatuto catalán sea declarado parcialmente inconstitucional -voluntad que, según todas las informaciones, encuentra una fiel aliada en la presidenta Emilia Casas- la que explica que sigamos sin sentencia. Hace unos días fue rechazado, ¡al cuarto intento!, el proyecto de sentencia de la magistrada ponente, lo que hace ya de todo punto inexcusable que, en cumplimiento de la ley, la presidenta encargue la redacción de la sentencia a un magistrado en condiciones de conformar una mayoría, aunque esa mayoría no sea la que desean la señora Casas y el Gobierno.

¿Por qué no se tomado ya tal decisión? Pues porque, según publicaba el sábado pasado el diario catalán que pasa por estar mejor informado en este tema, «Casas tiene el plácet del Gobierno para hacer un último intento de aprobar una sentencia interpretativa, sin anulación de artículos importantes del Estatut ». Si no, ¡la decisión del Gobierno! es que se congelen los debates del Tribunal hasta pasadas las elecciones catalanas.

¿Qué división y contrapeso de poderes puede haber con un Gobierno como este, que decide quién presidirá el Tribunal Supremo y hace mangas y capirotes, a través de su presidenta, en el Constitucional? Ningún contrapeso, ni ninguna división. Así de terrible. Así de claro.