Si el único argumento para rechazar que los pueblos y ciudades de Galicia puedan denominarse oficialmente como los llaman en realidad sus habitantes reside en lo que dispuso hace un cuarto de siglo la Ley de Normalización Lingüística, el asunto no debería tener dudas. Cámbiese esa ley y dispóngase lo que, en buena lógica, debería haberse establecido en su momento: que, donde existan topónimos en castellano y en gallego, los dos serán oficiales. La Ley de Normalización se aprobó en 1983 en un ambiente de consenso que no permitía prever que iba a ser torticeramente utilizada para lo que lo ha sido finalmente: para tratar de erradicar de Galicia una de las dos lenguas que hablamos los gallegos.
Por eso entonces se aceptó esa norma de que «los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega» y por eso hoy, visto lo visto, hay cientos de miles de gallegos que consideran que los topónimos bilingües son más coherentes con la cooficialidad lingüística que establece la Constitución y, sobre todo, con el evidente bilingüismo de nuestra sociedad.
Ocurre, claro, que la razón por la que no quiere ni oírse hablar de la toponimia en castellano es la misma por la que no quiere ni oírse hablar del propio castellano: porque se parte de que en Galicia hay una lengua del país y otra extranjera que, como tal, debería desaparecer o quedar reducida, en el mejor de los casos, a las catacumbas del hogar de cada uno.
Que los nacionalistas defiendan ese delirio identitario -puesto al servicio de un proceso de construcción nacional que debería acabar en la independencia- está tan en sus entrañas como es contradictorio con las suyas que lo hagan el PSdeG o algunos sectores del PP.
Pero en esta ceremonia de la confusión ya vale todo: vale que ahora se alce en defensa de la legalidad lingüística en A Coruña el mismo BNG que la desafió desde el Gobierno bipartito de una manera sistemática, llamando siempre Galiza a un país que se denomina Galicia oficialmente; vale que se trate de colar de matute, como una simple cuestión de legalidad, lo que no es más que la expresión de un sectarismo lingüístico -el de los nacionalistas- que ha conseguido al fin dividir a este país; y vale, en fin, que un partido (el BNG) que representó en las autonómicas al 16% de los votantes (el 11% del censo) se haya arrogado, con la aceptación borreguil de amplios sectores de nuestra sociedad, la capacidad para decidir quién es buen gallego y quién es malo.
Por eso, con la de L de A Coruña se juegan hoy en Galicia dos partidos: el de una letra y el de la libertad de un país para aparecer como es en realidad y no como lo imaginan quienes sueñan con barrer de un plumazo varios siglos de su historia.
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