Como los norteamericanos, los funcionarios tenemos en España mala fama. Pero no acaba ahí tan peculiar paralelismo. No nos gusta Norteamérica (hablo en general, pues a mí sí), aunque nos encanta viajar allí, enviar a nuestros hijos a estudiar en sus magníficas universidades, consumir sus series de televisión y sus películas, comprar sus productos y copiar esas camisetas que de poner I love NY («Amo a Nueva York») han pasado a expresar amor por nuestro club de fútbol, nuestro partido o nuestro pueblo.
Del mismo modo, esos funcionarios públicos de los que por aquí tanto se abomina son quienes, en la mayoría de los casos, curan nuestras enfermedades, enseñan a nuestros hijos, nos hacen justicia cuando la necesitamos, resuelven nuestros problemas administrativos, protegen nuestra seguridad y administran un Estado sin cuya existencia todos viviríamos peor. Pero pese a todo, los funcionarios, como los odiados/admirados yanquis, tampoco gozan de gran aprecio popular.
Esa es la razón por la que los Gobiernos se sienten legitimados para meter la mano en sus bolsillos en cuanto la economía se complica: exprimir fiscalmente a los funcionarios y congelarles el salario es -política y técnicamente- lo más fácil.
El apretón fiscal no presenta gran problema, pues en este país los únicos que pagan a Hacienda religiosamente son los asalariados por cuenta ajena, un grupo compuesto en un alto porcentaje por funcionarios de las diferentes Administraciones. En cuanto a la congelación salarial, basta con fijarla en una norma para que adquiera su eficacia al día siguiente. Esta doble facilidad es la que explica que las rentas salariales constituyan la parte del león de la recaudación fiscal directa. Y que, por ejemplo, entre el 2000 y el 2008, los funcionarios hayan perdido casi 8 puntos de poder adquisitivo, pérdida acumulada que, según denuncia la CIG, habría sido del 37% desde 1982.
Pero no teman. No diré que los funcionarios -cuyos salarios medios son más bien modestos- no deban pagar de algún modo su gran ventaja comparativa con los demás trabajadores: la estabilidad en el empleo y la seguridad de que cobrarán a fin de mes.
Lo único que pretendo subrayar es que un Gobierno que presume de izquierdista debería extender también en otras direcciones su presión para mejorar unas finanzas del Estado arrasadas por el déficit fiscal: luchando contra el escándalo mayúsculo de un fraude fiscal apabullante; estableciendo, como muy bien apuntaba ayer Lois Blanco en su columna, la progresividad fiscal en las rentas del capital y suprimiendo el vergonzoso privilegio de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav); o sometiendo a los futbolistas al principio de igualdad ante la ley.
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