EL OJO PÚBLICO : El espía que surgió del lío

Chapoteando en una charca de denuncias permanentes, nuestros partidos -y, sobre todo, el PSOE y el PP- han acostumbrado al público español a que aquí puede hacerse cualquier acusación sin que nunca pase nada. De hecho, aunque la idea tranquilizadora de que así sucede en todas las democracias resulta tentadora, la verdad es que sería impensable que muchas de esas acusaciones fuesen admitidas sin escándalo por norteamericanos, franceses, ingleses o alemanes.

En la batalla política española es ya, sin embargo, natural realizar contra el adversario imputaciones políticas muy serias que el acusador ni siquiera trata de probar. En unos casos porque son indemostrables (cuando el PSOE acusó al PP de no querer poner fin al terrorismo o lo acusa hoy de no querer acabar con la crisis económica para evitar que uno u otro éxito pudiera rentabilizarlo Zapatero; o cuando el PP acusa al PSOE de estar dispuesto a romper España para seguir en el poder). Y en otros porque a los acusadores sus denuncias les parecen evidentes: eso piensan en el PSOE al proclamar que Rajoy está sometido a los dictados de la Iglesia; y eso estiman en el PP cuando afirman que De la Vega utiliza sus giras estivales para veranear gratis y con cargo al Presupuesto.

Todos ellos son ejemplos una forma de hacer política a la que quienes la practican atribuyen similar utilidad: el que acusa se dirige a su parroquia y supone que, demostrada o no la acusación, causará al adversario daño suficiente como para contrarrestar el posible perjuicio que a uno mismo puede provocarle realizar imputaciones que no es capaz de demostrar.

Pero todo, y también esa política irresponsable e irrespetuosa con la ciudadanía, tiene un límite. Y denunciar al Gobierno por ordenar escuchas ilegales contra los dirigentes del primer partido de la oposición es algo que este no puede hacer si no está en condiciones de probarlo. Sin una prueba concluyente, tales denuncias sobrepasan con mucho los límites que cabe franquear en democracia.

La razón es muy sencilla: si esas acusaciones fueran ciertas, el ataque a la democracia sería de tal gravedad que el ministro del Interior y, de haberlo autorizado, el propio presidente del Gobierno, deberían renunciar a sus cargos de inmediato. De donde se deduce que, no pudiendo aportar pruebas, quien ipso facto debe dimitir es quien ha formulado tan increíble acusación y todos los que en el PP la hayan apoyado.

El célebre espía de John Le Carré surgió del frío. Todo hace pensar que este del PP no surge de otro sitio que del lío en el que están enzarzados dos partidos que han decidido que para alzarse con la victoria vale todo. Pero no vale: ni siquiera en un país de tan amplias tragaderas como España.