EL OJO PÚBLICO : Consenso, apaciguamiento y transformismo lingüístico

No hay peor forma de resolver un problema que dejar que se degrade. Ni método más errático para consensuar su posible solución que no fijar con claridad la posición de cada uno.

Que la cuestión de la lengua en la enseñanza constituye en Galicia un problema resulta tan evidente como que sus responsables son quienes exigen estos días que no se toque ni una letra del decreto que vino a hacer añicos el frágil acuerdo existente en la materia. Fue ese Gobierno, y su apuesta por la inmersión lingüística en gallego, el que generó un conflicto donde antes no existía, lo que convierte en una manifiesta cara dura pedir ahora, en aras del consenso, que se respete la norma que precisamente lo rompió.

Eso no invalida, desde luego, la conveniencia de buscar el mayor acuerdo posible entre la actual Xunta y los partidos que la ocuparon hasta hace seis semanas, en un tema tan sensible como lo es el de la lengua. Siempre y cuando, por supuesto, los que se sienten a pactar asuman que su margen de maniobra lo determina el mandato del cuerpo electoral. Resulta, así, difícil de entender que el conselleiro de Educación anuncie que se va a consultar a unos padres que acaban de ser votantes en las elecciones autonómicas. En ellas el asunto de la lengua estuvo en el centro del debate y en ellas se expresaron los gallegos de un modo concluyente: dando al partido que proponía acabar con la imposición lingüística la mayoría absoluta en el Parlamento regional. Esa es la mejor consulta: la más transparente y democrática y la menos corporativa y susceptible de manipulación.

Lo que le toca pues a la Xunta no es hacer consultas ni enredar, sino fijar con claridad su posición sobre cuál debería ser la regulación que sustituya en el futuro a la que debe derogarse por mandato de la mayoría de los votantes gallegos. Algo tanto más necesario cuanto que el nombramiento del nuevo secretario de Política Lingüística ha llenado de inquietud a los que esperaban con atención las primeras decisiones del Gobierno en la materia.

Es posible que Anxo Lorenzo haya caído del caballo camino de la Secretaría que acaba de estrenar y no piense hoy lo que pensaba sobre el problema lingüístico cuando asesoraba a uno de los partidos que impulsó desde la Xunta el decreto al que debe dar Lorenzo carpetazo. Sea como fuere, si lo que el Gobierno gallego pensaba con tan sorprendente nombramiento era enviar un mensaje apaciguador, ya tiene la respuesta. El BNG y esa famosa Mesa que se arroga una representatividad que no se sabe quién le ha dado consideran a Lorenzo «o verdugo legal do galego». Eso es lo que pasa cuando uno se empeña en desconocer con quién se juega los cuartos, que en este caso lo son de cientos de miles de electores.