el ojo público : La silla de Pablo y las de los conselleiros

Pablo, criatura, tiene tan solo cinco años, pero ha acumulado tanto esfuerzo por salir adelante como si tuviera setecientos. Recién nacido, un virus le provocó una parálisis cerebral que iba a dejarlo atado a una silla de ruedas para siempre. Pero Pablo, valiente, va a la escuela, aunque carece allí de una silla adaptada a sus necesidades. ¿Por qué razón? Nos lo contaba en La Voz anteayer Elisa Álvarez en uno de esos reportajes que dignifican la labor del periodista: porque la compra de la silla, que cuesta en torno a 2.000 euros, fue considerada improcedente por la Xunta, a la que, el curso pasado, se solicitó la prestación.

La noticia, en sí misma, incluso sin ponerla en relación con la que muchos de ustedes imaginan, resulta vergonzosa. Y ello porque si hay un grupo de desigualdades para cuya superación no debería la Administración escatimar ni un solo esfuerzo -habiendo como hay recursos para tantas cosas estúpidas e inútiles- esas son, sin duda alguna, las derivadas de la discapacidad física o mental.

Por algo proclama la Constitución en su artículo 9.º que los poderes públicos habrán de remover los obstáculos que dificulten la plenitud de la igualdad. Y por algo España ratificó hace un año la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 24 deberían haber leído atentamente los responsables de la Xunta que negaron a Pablo la silla especial solicitada por sus padres: en él se comprometen los Estados signatarios a que «se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva».

¿Cómo evitar que la ciudadanía relacione, en tal contexto, el hecho increíble de que un Gobierno niegue una silla especial para estar en el cole a un niño que la necesita de verdad con la pasmosa decisión de ese mismo Gobierno de encargar, poco después, y en plena crisis económica, sillones para sus miembros a razón de más de 2.000 euros cada uno?

Es probable que el presidente de la Xunta considere que poner en relación las dos noticias y denunciar la vergüenza que a muchos nos provocan sea otra forma de echar basura en la precampaña electoral. Es probable, aunque resulta curioso ver qué pronto cambian de criterio los políticos, pues cuando era Touriño quien hacía las denuncias estaba convencido de prestar un gran servicio a su país. Lo cierto es, en todo caso, que esas denuncias, que sirvieron en su momento para corregir los abusos del fraguismo, han valido ahora, por ejemplo, para que la Xunta le pague lo debido a la dependiente de cien años cuyo hijo acusó a Touriño y a Quintana. ¡Ojalá sirvan también para que a Pablo le den al fin la silla que precisa!