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El proceso de Bolonia : Desde fuera, Bolonia

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De una población de un millón trescientos mil estudiantes, apenas diez mil agrupan sus protestas. En encierros, paros o asambleas.

¿Por qué pues los rectores de cinco grandes universidades escriben al Gobierno una carta «privada» diagnosticando el movimiento anti Bolonia como grave y en un proceso de expansión que alcanzará a una gran parte de la sociedad española? ¿Por qué esos rectores reclaman una respuesta clara y genérica por parte del Gobierno del Estado ahora? Y por último, ¿por qué el Gobierno se compromete a implicarse más, desde la Conferencia de Rectores y desde el ministerio?

Mas allá de las protestas genéricas y simplistas sobre privatización o sometimiento de la Universidad a las demandas del mercado de trabajo, y al encarecimiento e incremento de la desigualdad de oportunidades a partir de este plan Bolonia, la universidades deberían dar respuesta ?también los Gobiernos, claro? a cuestiones que tienen que ver con el modelo elegido para alcanzar la homologación de las titulaciones españolas al Espacio Europeo de Educación Superior. Pues si es cierto que los Gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas tienen obvias responsabilidades en el desarrollo de este proceso, la Conferencia de Rectores y las universidades en su autonomía y en su conjunto, también.

Para empezar, alguien debería explicar las razones que han llevado a establecer el grado en cuatro años, cuando la mayor parte de Europa ?excepto Rusia, Turquía, Ucrania y Grecia? lo tiene en tres. Porque cabe pensar que esa opción apenas tiene que ver con mejor formación, y sí quizá con mantenimiento de la carga docente, origen de tanto desaguisado en muchos planes de estudio anteriores y quizá también futuros.

Añádase a ello un modelo que con respecto a Europa alarga la vida universitaria, con encarecimiento de costes y prolongación de la edad de entrada al mercado de trabajo, en un sistema universitario deficitario en ayudas públicas suficientes tanto para movilidad como para el estudio. Añádase también una deficiente coordinación y control del profesorado y el plan docente, en un nuevo sistema que obliga a cambiar métodos y cargas de trabajo del alumno y del propio profesor, y podremos comprender algunas de las claves del malestar, que ?expresado por una minoría en conflicto abierto? se extiende no solo al conjunto de los estudiantes, sino también a una parte del profesorado y de la sociedad española, en acertado diagnóstico de cinco rectores.

La complacencia de Gobiernos y rectores y una excesiva visión intradocente del proceso de Bolonia, sin debate social, ni tampoco político, muy lejano a los estudiantes y a la sociedad, nos sitúa en la incertidumbre actual. Bolonia debe ser retomado, reformado, reforzado, e incluso financiado, pero las universidades y sus docentes deben hacerlo atendiendo a los intereses ciertos de los estudiantes. Su mayoritaria razón de ser. Y no solo clientes cautivos.

 

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Uxío Labarta
 
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